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Esperando el Sí

El debate parlamentario por el matrimonio homosexual

Buenos Aires – Por Diego Rojas (Revista Veintitrés / Foto: Ezequiel Torres)

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Por qué oficialistas y opositores deben frenar el lobby de los ultramontanos, modernizar el Código Civil y mejorar la vida de millones de personas. La jueza que falló a favor del casamiento gay y el inminente dictamen de la Corte.

Se conocieron en el semáforo de la intersección de Córdoba con Callao. G. caminaba hacia su casa, T. conducía su auto hacia el trabajo. La luz roja se encendió y el vehículo se detuvo. Entonces cruzaron las miradas. Muchas historias de amor comienzan como una explosión. “Como un flechazo”, grafica G. La ventanilla estaba baja, se saludaron, decidieron ir a tomar un café. Se cayeron bien, se gustaron. Volvieron a encontrarse. “Era noviembre de 1994. En enero, decidimos irnos de vacaciones –recuerda–. Fuimos a Uruguay en su auto. No me lo prestaba para nada, pero se dormía en la ruta así que tuve que arrancárselo para que no nos matemos. Fue la primera prueba de confianza. En marzo estábamos conviviendo.” T. apareció un día con el equipo de música y el pijama. Hace quince años. Quince años en los que pasó de todo. Hubo peleas. Algunas graves, otras no tanto. “Cuando remodelamos la casa tuvimos grandes discusiones porque T. quería imponer su criterio”, acusa G. “Y siempre tuve razón”, retruca T.

Hubo también grandes momentos. “Decidimos hacer la guarda de unos chicos cuyos padres estaban detenidos. Eran cinco, desperdigados en diferentes hogares. Los fines de semana los reuníamos. Después tuvimos la guarda permanente del mayor, con el que convivimos ocho meses. Fue muy fuerte”, se emociona G. Hoy quieren tener un hijo. “Quince años es mucho tiempo, cada día sabemos que no nos equivocamos al elegirnos”, asegura G. Esta es una historia de amor. Una historia de amor como cualquier otra. Y en la cronología de las historias de amor, muchas veces aparece un episodio festivo: el casamiento. Sin embargo, G. y T., que querrían casarse, no pueden hacerlo. Porque G. es Guillermo y T. es Telmo. Porque aunque haya amor, y mucho, a las historias de amor entre personas del mismo sexo les está vedada la celebración de ese amor mediante el matrimonio.

Guillermo Micó y Telmo Menapace están entre los millones de argentinos que no pueden ejercer sus derechos civiles. En la era de la democracia, viven en una situación prerrepublicana, sin poder desplegar su ciudadanía completamente. “No nos lo permiten –denuncia Micó–. Telmo tiene mejor obra social que la mía, pero no puedo adherirme. Si alguno quedara internado en terapia intensiva, el otro no podría visitarlo en su habitación. Si alguno muriera, el otro no lo heredaría. Hoy, podríamos adoptar a un niño de manera individual, pero no compartiríamos la patria potestad. Así, se violan los derechos del pibe que no tendría las garantías y beneficios que tiene el hijo de un matrimonio heterosexual: si nos separamos, no tendríamos la obligación los dos de garantizar su manutención. Queremos adoptar un hijo y darle nuestros bienes simbólicos y materiales, pero la ley nos lo impide.”

Pero la historia puede cambiar. La Argentina se encuentra a pasos de convertir en ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Congreso aguarda la discusión de dos proyectos que reforman el Código Civil y que habilitarían el casamiento homosexual mediante la modificación de los términos que, en la actualidad, lo sindican como una institución reservada a parejas heterosexuales, ya que lo considera un vínculo que sólo puede ser ejercido entre un hombre y una mujer. También cambia los artículos que reservan la adopción compartida a una pareja heterosexual y los que se refieren al divorcio y a la herencia. De todas maneras, la ley que cambiaría el panorama cultural y social del país al institucionalizar a las familias homosexuales, podría no llegar al recinto parlamentario. Los proyectos de ley (uno firmado por la socialista Silvia Augsburger y otro por Vilma Ibarra, del bloque Encuentro Popular) corren el riesgo de ser cajoneados.

Martes por la mañana. En el edificio anexo del Congreso está convocada la reunión de las comisiones de Legislación General y Familia que, de aprobar alguno de los proyectos, aunque sea por la minoría, habilitarían la discusión en el hemiciclo parlamentario. Una semana antes, una reunión con el mismo objetivo había fracasado. “Aunque teníamos comprometida la presencia de varios legisladores que dicen estar de acuerdo. Vamos a ver si hoy se aprueba”, dice ansiosa María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Juliana Di Tulio, titular de una de las comisiones, es la única diputada presente por el oficialismo. De a poco, van llegando otros legisladores: de la Coalición Cívica, del Encuentro Popular y Social, del Partido Socialista. Pero no alcanzan el quórum. Los activistas aguardan y cuchichean: “¿Y si vamos a buscarlos a sus despachos?”, propone una chica de anteojos, psicoanalista. “Vamos a aguardar media hora más”, anuncia Di Tulio, mientras no cesan de hacerse llamadas a los diputados ausentes para recordarles que tienen trabajo en las comisiones que integran. Llega una diputada, se escucha un aplauso nervioso. Casi dos horas después del comienzo de la reunión, Di Tulio la levanta y un silencio desesperanzado se esparce por la sala.

“Esperamos que los diputados del radicalismo y del FPV tengan una actitud más valiente, vayan a las comisiones y voten de acuerdo a lo que se habían comprometido ante las organizaciones y los medios –dice Rachid–. Hay varios legisladores que son firmantes del proyecto y nos acompañaron en eventos y charlas, pero ni siquiera bajaron a la comisión.” Todas las sospechas apuntan a las presiones de la Iglesia Católica. Dentro de unas semanas, la presidenta Cristina Fernández se entrevistará con Joseph Ratzinger en el Vaticano y muchos piensan que no querría ser recibida con una reprimenda. O que la Iglesia local podría recomponer las relaciones con el Gobierno a cambio del cajoneo.

Esta revista llamó a varios diputados del FPV para preguntarles sobre su ausencia en la reunión y todos los que atendieron los llamados adujeron excusas: “La falta de presencia por parte del bloque tiene que ver con el recambio parlamentario”, dijo Remo Carlotto. Noemí César no pudo asistir por razones personales. Diana Conti dijo haber tenido otros compromisos. Miguel Iturrieta tenía compromisos en su provincia. Juan Pais estaba llegando al aeropuerto cuando comenzó la sesión. Héctor Recalde estaba en una reunión del Consejo Nacional Justicialista. Y siguen las firmas. “La falta de quórum se debe pura y exclusivamente al FPV y al radicalismo”, denuncia Ibarra. “El bloque todavía no construyó una posición común –admite Di Tulio–. Pero el Gobierno no contempla prendas de cambio. Y a mí nadie me vino a presionar.” Esta semana se reúnen nuevamente las comisiones. Será una buena oportunidad para demostrar que el Parlamento no teme discutir estas cuestiones.

El diario La Nación editorializó: “Las personas de un mismo sexo no pueden contraer matrimonio debido a una absoluta imposibilidad de la naturaleza, no porque sean discriminadas por la ley civil. (…) Sería un gravísimo error legislar no sólo de espaldas a la naturaleza, sino también a un repertorio de valores y principios que conservan vigencia cotidiana en la vida de nuestro pueblo”. Monseñor Luis Rivas, profesor de Sagradas Escrituras en la UCA, declaró: “La unión homosexual no tiene nada que ver con el significado de la palabra matrimonio. Que se suponga que gran parte de la sociedad estaría de acuerdo con esa ley no garantiza nada. La sociedad alemana aprobó el Holocausto y no era que estuviera bien”. La Agrupación Nacionalista Custodia se movilizó al Congreso y repartió volantes que denuncian: “Miles de niños normales y niños solos se verán expuestos a ser corrompidos en su identidad sexual desde la propia familia”. ¿A qué le tienen miedo los sectores ultramontanos?

“Con Sofía queremos tener hijos. Creo que parte de la sociedad le teme a esa nueva forma de la familia –especula Lorena Romanin, quien junto a su pareja Sofía Wilhelmi crearon Plan V, la primera serie lésbica producida en el país, y que realizaron su unión civil en una bucólica ceremonia campestre–. La ley debe ser aprobada más allá de la opinión pública, se tienen que priorizar los derechos humanos y la igualdad.” Sin embargo, la sociedad argentina parece estar preparada. Según una encuesta encargada por el gobierno nacional a la consultora Analogías, el 66% de los argentinos apoya el cambio de la ley y una encuesta del diario La Nación online acumuló 70% de conformidad con el casamiento gay.

“Tenemos objetivos por igual, decidimos las cosas por igual, tenemos crisis por igual, el cariño y el no cariño, las ganas de sexo y el no tener ganas, la pelea por quién cocina y quién no, en todo somos iguales a las parejas heterosexuales –asegura Roberto Piazza, que hace un año celebró su unión civil con Walter Vázquez, con quien posa junto a un bebé–. Si bien no pensamos adoptar en lo inmediato, creo que no hay nada que impida que una pareja homosexual críe un chico. Las parejas gay que conozco con hijos les dan un amor increíble y los chicos son maravillosos.”

La Argentina podría convertirse en el primer país latinoamericano donde las parejas del mismo sexo puedan elegir casarse. Incluso si no se aprobara el trámite parlamentario, queda la posibilidad de que la Corte Suprema legalice estas uniones. La jueza Gabriela Seijas acaba de declarar inconstitucional el impedimento de matrimonio ante el recurso de amparo interpuesto por Alex Freyre y José María Di Bello. “Estamos juntos hace cinco años –cuenta Freyre–. Decidimos pedir fecha para nuestro casamiento en el registro civil acompañados por un escribano y testigos, porque sabíamos que lo iban a rechazar. Fue raro: los testigos lloraban, la funcionaria lamentaba no darnos fecha y nos alentó a que siguiéramos el camino de conquista de nuestros derechos. Parecía que nos estuviéramos casando. Esta mañana nos enteramos que nuestro recurso fue aprobado.” Tal vez, entonces, Alex y José María puedan casarse. Tal vez el mismo lector de esta nota pueda hacerlo. O su vecino. Quién sabe: su hermana, primo o compañero de trabajo. Hoy no pueden. El redactor de esta nota podría casarse con su novio si decidiera hacerlo. Hoy no puede. Todo depende de unas palabras sencillas, pero hermosas, que deberían pronunciar los legisladores de la Nación. Las mismas que se dirán en los registros civiles de los modos más diversos si esta ley se aprueba. Dos palabritas. Sí, quiero.

Informe: Lucas Cremades

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