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Se dificulta el avance del Pacto de Union Civil en el Congreso chileno

Por Esmeralda Hasbún – Santiago (OpusGay.cl)

Tras diversas e intensas gestiones la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia inició hoy formalmente la discusión sobre el Pacto de Unión Civil (PUC), propuesta conocida el 2006 y que ingresó a tramitación parlamentaria el pasado 27 de octubre.

El desafío es grande por cuanto con anterioridad la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados ya había rechazado legislar incluso sobre un proyecto sobre uniones civiles heterosexuales, debido a una fuerte presión de la UDI, mientras que la nueva instancia de la Cámara que ahora analiza el PUC, está mayoritariamente conformada por representantes de la Derecha.

En efecto, la Comisión de Constitución Legislación y Justicia se compone de cinco representantes de la Concertación, cinco de la Derecha y dos independientes que en todo caso son cercanos a RN y al PRI.

Presidida por la diputada Laura Soto, la Comisión es integrada por los parlamentarios Pedro Araya Guerrero (Ind, PRI), Gonzalo Arenas (UDI), Jorge Burgos (DC), Alberto Cardemil (Ind, RN), Guillermo Ceroni (PPD), Marcelo Díaz (PS), Edmundo Eluchans (UDI), Felipe Harboe (PPD), Cristian Monckeberg (RN), Nicolás Monckeberg (RN), Eduardo Saffirio (DC) y Marisol Turres (UDI).

Si bien el PUC, redactado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) junto a variados académicos, cuenta con respaldos de algunos RN, la verdad es que ello en nada garantiza que la Derecha actúe como un bloque opositor a la propuesta.

Y es que aún cuando la campaña de Sebastián Piñera incluyó parejas homosexuales en su franja, su comando ha ido adoptando una postura similar a la de la UDI, siendo a la fecha el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, el único presidenciable que ha apoyado el PUC, iniciando a la par un proceso de recolección nacional de firmas ciudadanas de adhesión a la propuesta.

Todo esto ocurre, pese a que un informe de la Corte Suprema sobre el PUC resultó ser más favorable de lo esperado, mientras que hoy la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia decidió votar la idea de legislar en las próximas semanas, situación que dejará al descubierto quienes realmente están dispuestos a avanzar en esta materia y quienes sólo han utilizado el tema por razones electorales.

Nueva estrategia de la derecha

Mientras entre el 2005 y el 2008 una parte de la Derecha, en especial representantes de Renovación Nacional y la primera candidatura presidencial de Sebastián Piñera, se habían manifestado a favor de las uniones civiles entre personas de igual y distinto sexo, en el 2009 la postura dominante en este sector político es de rechazo total.

En efecto, en el transcurso del presente año la UDI ideó una jugada maestra para impedir la igualdad de derechos a las parejas lésbicas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

Conscientes de que su idea inicial de legislar uniones civiles sólo para heterosexuales no tendría éxito, optó por oponerse a toda norma sobre la materia, afectando incluso a las parejas constituidas por personas de distinto sexo.

Se levantó así el discurso de que la unión civil, fuera homosexual o heterosexual, constituye un peligro para la familia y el matrimonio. Como resultado, y en una movida liderada por la diputada María Angélica Cristi (UDI), el anterior 17 de junio la Comisión de Familia rechazó legislar sobre las uniones civiles para todo tipo de personas.

La nueva jugada de la UDI rindió frutos primero en la Iglesia Católica, pues aún cuando varios religiosos se habían manifestado a favor de las uniones civiles, terminaron por oponerse en bloque a ello el pasado 20 de noviembre, en la 98 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.

En paralelo, la UDI ejerció variadas presiones sobre el comando de Sebastián Piñera, consiguiendo que este también rechazara las uniones civiles, siendo así Eduardo Frei el único candidato que ha respaldado esta legislación no sólo en los medios, sino también en el Congreso Nacional

En el actual programa presidencial de Sebastián Piñera no se menciona en ningún lado las palabras gay, lesbiana, bisexual o transexual, menos la frase unión civil, aún cuando establece que “nos ocuparemos de los 2 millones de chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de construir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente y castigadora”.

De acuerdo a lo manifestado por el propios Piñera los mencionados derechos no serán garantizados en una unión civil, pues ello implicaría reconocer vínculos que atentan contra el matrimonio, sino que mediante la implementación de programas especiales que vayan solucionando en el plano de las políticas públicas y no de la legislación la realidad de los convivientes.

“Esto es un retroceso, por cuanto con anterioridad Piñera y una parte de la Derecha si estaban a favor de las uniones civiles. Crear programas especiales, que no reconocen el amor de las parejas ni tampoco le da carácter de ley, es una exclusión más que niega la existencia de otro tipo de vínculos. La verdad es que Piñera y sus seguidores cedieron a las presiones de la UDI”, sostiene el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir hoy a la Cámara de Diputados.

Corte Suprema

Una de las buenas noticias es que la Corte Suprema no se opuso al Pacto de Unión Civil (PUC) y por el contrario dio diversas recomendaciones para mejorarlo, en un informe firmado el 1 de diciembre por su presidente subrogante, Nibaldo Segura.

El consejo más importante es justamente el que venía en la propuesta original del Movilh, pero que fue modificado a última hora por cuanto requiere patrocinio del Ejecutivo y ello aún no se concreta, aún cuando el gobierno le ha dado urgencia simple a la tramitación en tres ocasiones, el 3 y 25 de noviembre y el 15 de diciembre.

En efecto, y en coincidencia con el Movilh, la Corte Suprema considera pertinente que el Pacto de Unión Civil sea celebrado en el Registro Civil y no ante un notario. “Sería recomendable que se reponga en el proyecto la inscripción del pacto en un registro público -como se hace en algunas legislaciones foráneas-, a cargo del oficial del Registro Civil”.

Otro de los aspectos donde la Corte Suprema hace una interesante observación es en torno a la ayuda material mutua o de compensaciones para un miembro de la pareja, en caso de que no exista acuerdo mutuo. Esto fue establecido por el PUC para asegurar que ninguna de las partes quede en situación socioeconómica vulnerable en caso de algún problema o de romperse el vínculo, lo cual suele ocurrir por ejemplo cuando un miembro de la pareja se encuentra cesante o afectado por una enfermedad grave.

A juicio de seis de los 16 ministros de la Corte Suprema que analizaron el PUC, la instancia más idónea “para regular las pretensiones de determinación de la ayuda material mutua que se deben las partes, son los Tribunales de Familia, pues éstos se hallan dotados de la infraestructura necesaria para resolver asuntos de la naturaleza de que se trata”.

La Corte Suprema advierte además sobre un punto que seguramente causará mucho debate: el tiempo de convivencia previa que debe exigirse para celebrar el PUC. Ello por cuanto la propuesta inicial no exige un tiempo de convivencia, “a diferencia de lo que ocurre con el derecho comparado”. Por último, la Corte consideró necesario establecer claramente cuando tiempo después de ser aprobada la ley, esta entrara en vigencia.

El proyecto fue analizado el 27 de noviembre por la Corte Suprema en una sesión presidida por su titular, Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los ministros Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Margarita Herreros Martínez, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Gabriela Pérez Paredes, Sonia Araneda Briones, Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva Gundelach.

“Estamos satisfechos con este informe no sólo porque algunas de sus observaciones se enmarcan en la línea de lo que hemos venido planteando, sino principalmente porque la Corte Suprema no se opuso a legislar sobre esta materia, manteniendo la postura que ya antes habían manifestado varios de sus miembros o jueces, algunos de los cuales están incluso a favor del matrimonio homosexual”, sostuvo Jiménez.

En efecto, el 5 de mayo del 2007 el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel Ramírez,sostuvo que”cada persona tiene una diversificación y una naturaleza. Y cada persona nacida según su naturaleza debe seguir la vida que la naturaleza le dio. Estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual”.

Con anterioridad, dos presidentes de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y Enrique Tapia, se había pronunciado por su lado a favor de las uniones civiles para homosexuales, en el 2003 y el 2006, en forma respectiva.

Así, con una Corte Suprema favorable, una Concertación mayoritariamente receptiva y una derecha opositora, la verdad es que el camino por recorrer es muy largo, sin embargo, la señal dada por el ejecutivo al dar urgencia a la tramitación, revive alguna esperanza.

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