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Los dos activistas LGTB detenidos en Zimbabue acusados ahora de “denigrar” a Robert Mugabe‏

Zimbawe – (Dos Manzanas)

Ellen Chademana e Ignatius Muhambi, los dos trabajadores de la organización Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) detenidos el viernes, han continuado en prisión, y de hecho han visto empeorada su situación: a los cargos iniciales de “posesión de material pornográfico” se une ahora el de “denigrar” al presidente Robert Mugabe en base a la documentación incautada.

La Policía de Zimbabwe, al tiempo que detuvo a los activistas, registró la oficina de GALZ y se incautó de varios ordenadores y de abundante documentación, en base a la cual habría urdido la acusación de atentar contra el honor de Mugabe. Entre los documentos se encontraba, por ejemplo, una carta de Willie Lewis Brown, antiguo alcalde de San Francisco, en la que se criticaba abiertamente a Mugabe por sus posiciones abiertamente homófobas.

Estaba previsto que los dos activistas comparecieran ante la justicia ayer lunes, pero no lo hicieron. La justificación oficial fue que ayer fue festivo en Zimbabue.  De hecho la jueza de la Alta Corte de Justicia Lavender Makoni rechazó la solicitud de los abogados de GALZ de actuar de forma urgente. Makoni habría expresado que ni siquiera estaba segura de que la Policía fuera a obedecer una orden en ese sentido. En el momento de redactar esta entrada desconocemos si por fin han comparecido hoy.

La detención supone un paso más en la escalada de tensión contra gays y lesbianas en Zimbabue, país en el que las relaciones homosexuales entre varones son delito y que recientemente ha rechazado reconocer protección alguna a las personas homosexuales en la nueva Constitución que se discute en estos momentos (con el acuerdo tanto de Mugabe como del actual primer ministro y rival político, Morgan Tsvangirai). Aunque a lo largo de los últimos años la política de persecución policial se había relajado, todo indica que la situación estaría cambiando a peor.

GALZ recibió en 2009 una subvención de 28.810 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores español dentro de su paquete de ayudas a entidades que promueven los derechos humanos en el mundo, cuya concesión desató en su momento una ruidosa campaña de críticas al Gobierno desde la derecha mediática y el Partido Popular.

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