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Tribunal de Malawi declara culpables de indecencia a una pareja de homosexuales

Johannesburgo – (EFE)

Condenados a prisionUn tribunal de primera instancia de la ciudad de Blantyre, en Malawi, declaró hoy culpables de indecencia, sodomía y actos contra natura a una pareja de homosexuales detenidos hace cinco meses tras anunciar públicamente su compromiso en una ceremonia tradicional.

El juez Nyakwawa Usiwa indicó que el próximo jueves hará pública la condena a Steven Monjeza, de 26 años, y Tiwonge Chimbalanga, de 20, detenidos en diciembre de 2009 y que han permanecido en la cárcel desde entonces, que puede alcanzar los 14 años de prisión, informó la agencia africana APA.

El caso de Monjeza y Chimbalanga ha sido motivo de una polémica internacional y los dos condenados han sido clasificados por la organización humanitaria Amnistía Internacional como “presos de conciencia” en un país donde la legislación considera la homosexualidad como delito.

Organizaciones de homosexuales y de defensa de los Derechos Humanos, así como un grupo de donantes de Malawi, en el que están la Comisión Europea, Noruega, Reino Unido, Alemania, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo también han advertido que el país debe respetar los derechos de sus ciudadanos.

Sin embargo, diversas organizaciones locales, entre ellas las iglesias protestantes, han considerado la homosexualidad como una desviación y reclamado a los donantes occidentales que dejen de amenazar con retirar sus ayudas al país si no respeta los derechos de los homosexuales.

En muchos países de África, la homosexualidad se considera delito y, en el caso de Uganda, la Asamblea Nacional tiene en suspenso la discusión de un proyecto de ley en el que se recoge la pena de muerte para lo que se denomina “homosexualidad agravada”, que es como los promotores de la ley denominan a actos homosexuales con menores, así como con portadores de VIH o enfermos de sida, entre otros.

El proyecto ugandés ha quedado en suspenso en el Parlamento por decisión del Gobierno, ante las presiones internacionales y también después de que organizaciones sociales locales entregaran a la Cámara 450.000 firmas contra esa legislación, apoyada firmemente por varios grupos políticos y religiosos.

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