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Ante la ley

Por Mauro ï Cabral – (SOY)

El no reconocimiento de la identidad de género es causal de toda clase de violaciones a los derechos humanos de las personas que viven una identidad distinta de la asignada al nacer o al ser inscriptas como ciudadanas en partidas o documentos: expulsión del sistema educativo y de la atención a la salud, falta de oportunidades laborales o de acceso a la vivienda social, entre otras violencias como la estigmatización o la represión policial basada en edictos y códigos. A lo largo del debate sobre la ley de matrimonio fueron muchas las voces que enunciaron la necesidad de una ley de identidad de género como paso siguiente. Ese futuro ya llegó.

Habían pasado apenas unas horas desde que el Senado argentino aprobara la ley de matrimonio igualitario cuando Jorge Rial puso al aire una entrevista con Florencia de la V. A ella, justamente a ella, este conductor había mandado preguntarle si estaba pensando en casarse. La respuesta de Florencia de la V tuvo dos partes. Primero dijo que sí, que estaba pensando en casarse. Luego dijo que no, y no porque hubiera cambiado de idea, sino porque para casarse quería contar, antes, con el reconocimiento legal de su identidad femenina. Rial no soportó el revés, ni la tentación de devolverlo con creces. Al presentar la entrevista ya grabada decidió “explicar” a su audiencia la respuesta que estaba a punto de escuchar al aire. ¿Qué mejor “explicación” que repetir varias veces el nombre legal masculino de quien es públicamente conocida como Florencia de la V?

Es cierto: lo único que vuelve especial este intercambio es que tuvo lugar en la televisión, vista y oída por un número impreciso pero grande de personas (¿Unas millones? ¿Unas miles? ¿Unas cientas? ¿Unas cuantas?). También es cierto que es precisamente ese carácter televisivo el que la archiva, la atesora y, al mismo tiempo, la produce y la mantiene disponible como evidencia. Y ahí estará, ahora y para siempre, como una muestra –como una muestra más– de lo que significaba ser trans* en Argentina allá por el 15 de julio del 2010.

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La Argentina no ha tenido, ni tiene, una ley de identidad de género. Tiene distintas ordenanzas que garantizan su reconocimiento en escuelas, hospitales y otras instituciones públicas –desde la semana pasada, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (ver entrevista pág. 8). También cuenta con diversos fallos judiciales (incluyendo uno de la Corte Suprema) y compromisos internacionales asumidos por este y otros gobiernos. Hay doctrina jurídica para todos los gustos (incluyendo, por supuesto, el mal gusto). Hay un proyecto de ley que ya fue introducido en Diputados (elaborado por Silvia Ausburguer y avalado por la Falgtb), y hay más proyectos en camino. Hay, sobre todo, una diversidad irreductible, expectante y decidida, una diversidad que cabe en la lista de “travestis, transexuales y transgéneros” y que también la desborda. En este lugar nombraré a esa diversidad como trans* –siendo el asterisco la marca escritural de su incontenible apertura–.

Es precisamente esa diversidad trans* la que en este momento se encuentra ante la ley –ante la posibilidad real y concreta de esa ley, de su discusión, su elaboración, su negociación, su aprobación o su desaprobación–. Durante años y años la hemos estudiado, debatido, anhelado, rechazado, necesitado hasta la desesperación, luchado. La política de la diversidad sexual ha instituido este tiempo como el tiempo de esa ley.

Este puede ser también, por fin, nuestro tiempo.

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Cada vez que se habla de una ley de identidad de género la cuestión que surge de inmediato, como demanda primera, es la cuestión del reconocimiento. Pero, ¿se trata de un reconocimiento, o de varios? Empecemos a contar. Uno, hablamos del reconocimiento de la identidad de género personal (toda vez que ésta no coincida con el sexo asignado en el momento del nacimiento). Dos, hablamos también del reconocimiento del derecho a encarnar, a producir, expresivamente, esa identidad de género (a través de medios tales como la vestimenta y el calzado, el corte de pelo y los ademanes, las hormonas, las cirugías y las prótesis…). Tres, hablamos además del reconocimiento de la identidad de género como causal de violaciones a los derechos humanos (discriminación, exclusión, hostigamiento, persecución, confinamiento, tortura, muerte). Cuatro, hablamos, y muy seriamente, del reconocimiento de la deuda histórica del Estado argentino con todas aquellas personas que hemos sufrido y sufrimos violaciones a nuestros derechos humanos sobre la base de nuestra identidad de género, así como del reconocimiento de su deber de cancelar esa deuda a través de acciones concretas (aquellas que no sólo deroguen toda legislación que nos discrimine, patologice y/o criminalice, sino también aquellas que nos aseguren el pleno acceso a derechos tales como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y la Justicia). Y hay más.

Tania Luna, en abril del año pasado logró que se modifique su DNI, por primera vez, sin que tuviera que someterse a una operación de reasignación de sexo. De todos modos le exigieron que diera pruebas de “castración química”.

Consideremos el primer reconocimiento de todos: la identidad de género de todas aquellas personas que nos identificamos de un modo distinto al que se nos asignó al nacer. El Estado argentino reconoce sólo dos sexos, varón y mujer –y hasta ahora sólo ha concedido cambiar de un sexo al otro–. ¿Alcanza? A muchas personas trans* sí, y ese reconocimiento sería la piedra angular de sus derechos. A muchas personas trans* no y ese reconocimiento sería impreso más en su opresión. ¿Mantendremos el binario de la diferencia sexual en nuestra demanda de reconocimiento? Esa medida sin duda beneficiaría a quienes se identifican en el sexo opuesto al que les fuera asignado, pero ¿esa es la única salida posible? Tal vez ésta sea la oportunidad de expandir el repertorio estatal de identidades (para incluir, por ejemplo, travestis, trans, intersex, etcétera). O, quien sabe, quizá sea el momento de acabar con el dispositivo estatal de control en el que consisten las identidades sexogenéricas legalmente reconocidas. Y de preguntarnos ¿De qué modo (si ese modo existe) podemos evitar que el reconocimiento estatal que sepamos conseguir (de dos, cinco o diez identidades) no perpetúeel mismo régimen de asignación forzada en el que vivimos? La multiplicación de los géneros legales ¿hará estallar la diferencia sexual legalizada, su naturalidad y sus privilegios? ¿O sólo multiplicará al infinito sus clasificaciones, reglas y jerarquías? ¿Podremos transformar esta aspiración normativa, este deseo de ley, en un trabajo emancipador?

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No nos olvidemos: estamos lidiando con un Estado. Peor aún, con la vetusta pasión borbónica del Estado argentino por la regulación. Las condiciones para el reconocimiento de la identidad de género que han impuesto nuestras Cortes son una excelente muestra de esa pasión desorbitada: evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y ambientales; diagnóstico diferencial; tratamientos hormonales; cirugías; esterilidad; dictámenes de comités de bioética; testigos; comparecencia ante el tribunal a fin de proceder a la verificación de la biografía y comprobar que quien demanda ese reconocimiento pasa como un hombre o una mujer heterosexual.

Esta es la ocasión perfecta para desmantelar esta cadena jurídico-normativa de producción, esta cadena perversa que nos produce como desiguales en el momento mismo de declarar nuestra igualdad ante la ley, este sello de inferioridad humana que se nos impone como precio al reconocimiento. Esta es la oportunidad de recordar que nuestros derechos no empiezan ni terminan en la identidad de género. Tenemos derecho al matrimonio y a la materpaternidad. Tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. Tenemos derecho a ser quienes somos sin someternos al juicio de quienes se arrogan el saber y el poder sobre el cuerpo, el género y la sexualidad de alguien más.

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Ian Brettes, fotógrafo y bicicletero, fue golpeado brutalmente en julio del año pasado –terminó con una fractura en la pierna– por los vecinos del negocio de su padre, que no toleraban su presencia de hombre trans. A pesar de haberlos denunciado, la única solución fue mudarse.

La teoría, la política y el sentido común suelen colocar a las personas trans* dentro del conjunto diverso de las minorías sexuales. Lo cierto es que cuando se trata del derecho a intervenciones sobre el cuerpo sexuado no somos, en lo absoluto, una minoría. En la Argentina somos, más bien, como todo el mundo: dependemos de permisos extraordinarios que muy rara vez son concedidos. Aunque se trate de carne de nuestra carne, ese cuerpo sexuado no nos pertenece -le pertenece a la medicina, la bioética, las disciplinas psi, al derecho, a la especie (sí, hay quienes lo dicen), a las Iglesias y, en última instancia, al Estado–. Bien lo sabemos: sin autorización judicial no es posible acceder en nuestro país a procedimientos hormonales y quirúrgicos de modificación corporal (lo que es decir, es posible acceder a esa cirugías pagándolas por nuestra cuenta aquí o en otra parte). Las consecuencias están a la vista, y no solo en nuestros cuerpos. La propia formación de especialistas se ha resentido por la persistencia absurda de la prohibición, y el mercado negro de siliconas, hormonas y cirugías se cobra sus víctimas lejos, muy lejos, del interés del Estado.

La intersección entre medicina y derecho ha producido una de las mayores aberraciones contra las que tenemos que enfrentar en este debate: la patologización trans* como condición de posibilidad para acceder a derechos. Hasta nuestros días, sólo quienes podamos acreditar fehacientemente un diagnóstico de transexualismo verdadero o trastorno de la identidad de género podemos aspirar al permiso necesario para modificar quirúrgicamente nuestro cuerpo sexuado y al reconocimiento legal de nuestra identidad de género. Sin embargo, la patologización de nuestras vidas no es solamente un requisito –es también una matriz–. Crea, diferencia y administra experiencias, normales y anormales, sanas y enfermas, del cuerpo y de la identidad, de la expresión de género y la sexualidad. La patologización trans* es uno de los modos privilegiados en los que funciona la matriz heterosexual, reproduciendo subjetividades masculinas y femeninas estereotipadas y estigmatizando a todas las demás. Incluso quienes advierten que la patologización es necesaria para acceder a la cobertura pública de las intervenciones- deberían considerar si no ha llegado el momento de cuestionar la naturalidad con la que se impone este argumento. Es cierto que la lógica del diagnóstico ha hecho posible, para muchas personas, el acceso a cirugías y hormonas; para muchas, muchas otras, lo ha hecho imposible (o bien porque rehusamos someternos a esa lógica, bien porque nuestra expresión de género, nuestra sexualidad o, en general, nuestra biografía no se ajustan a criterios diagnósticos). Y ése es el momento de decidir si hemos de ignorar, avalar o subvertir este estado de cosas.

El proceso histórico que vivimos puede ser –y ojalá lo sea– una oportunidad imperdible para examinar a conciencia el modo en el que se construye públicamente el sujeto trans* de derechos y, quién sabe, para poner en crisis los límites férreos de esa construcción. A lo largo de los últimos años, y con mayor insistencia que nunca tras la aprobación de la ley de matrimonio, se ha insistido en la importancia del reconocimiento de la identidad de género para transformar la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la comunidad travesti en la Argentina. Esa situación es innegable e insostenible, pero también lo son las situaciones por las que atravesamos muchas personas trans* que no somos travestis –y aun debemos construir un vínculo real entre el reconocimiento legal de la identidad de género y la transformación de nuestras conexiones materiales de existencia–. No sólo eso: así como es cierto que la propia discusión pública sobre la ley de identidad de género ya está contribuyendo a visibilizar esa situación extrema de vulnerabilidad, es cierto también que en la producción de esa visibilidad otros colectivos trans* somos borrados del mapa –en particular, los hombres trans–.

Luchar en pos de la aprobación de esta ley puede ser, además, una ocasión para examinar críticamente el recurso habitual a la victimización como estrategia política, y las consecuencias profundas de ese recurso –entre las que sobresale la lógica de la representación–. Son muy raras las oportunidades que tenemos de hablar con nuestra propia voz, y mucho más raras aquellas en las que podemos decidir nuestras propias agendas y nuestras propias alianzas. Y eso sí que no es raro, dado que hasta ahora siempre nos ha tocado jugar el rol clave de las víctimas. El victimismo militante comporta otro riesgo al que atender: el riesgo de tener que conformarnos con derechos de mínima, ofrecidos a quienes ya no tienen nada que perder y para quienes cualquier oferta representa algo que ganar. Tal vez éste sea el momento adecuado para ampliar nuestras estrategias, incorporando al registro del sufrimiento aquel otro registro, el de la resistencia, y a la cuenta del genocidio aquella otra, la del número de quienes, todos los días y como sea, sobrevivimos. Y respondemos.

Creamos, administramos y dirigimos cooperativas de trabajo. Impulsamos y protagonizamos cambios en la OEA y en Naciones Unidas. Coordinamos redes nacionales, regionales e internacionales. Ideamos e hicimos realidad normativas que nos franquean la entrada a instituciones públicas bajo nuestros propios nombres. Editamos El Teje, primer periódico travesti latinoamericano. Hemos educado sin pausa a quienes nos quieren y a quienes nos odian. Le hemos puesto el cuerpo y el alma a la lucha contra los Códigos Contravencionales y de Faltas. Los padecemos. Los enfrentamos. Hemos transformado para siempre al feminismo y al movimiento de derechos humanos. Logramos que la Corte Suprema validara nuestra personería jurídica, y que al cabo de demasiados años nuestra identidad de género fuera reconocida. Formamos a los mismos médicos que iban a atendernos y a los mismos abogados que iban a representarnos. Disputamos incansablemente el control del dinero destinado a nuestras comunidades. Redactamos informes, escribimos artículos, editamos La gesta del nombre propio y Cumbia copeteo y lágrimas, contribuimos a la redacción de los Principios de Yogyakarta (ver recuadro). Acompañamos a gays y lesbianas en todas sus luchas. Logramos que medios, políticos y financiadoras confiaran en nuestras capacidades. Participamos de eventos en distintos lugares del mundo, y hace dos meses apenas nuestra voz se oyó fuerte y clara en el Congreso Internacional sobre Identidad de Género y Derechos Humanos. Y hay que decirlo: quienes hacemos activismo trans* en nuestro país no somos, ni de lejos, una comunidad. Pero hoy, ante esta ley, podemos ser un movimiento.

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