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Cruce entre legisladores opositores y el INADI por el matrimonio homosexual

Desde el organismo estatal, instaron a no tratar el proyecto del Legislador Esteban Jerez para que se exima a los jueces de paz que, aduciendo una objeción de conciencia, por razones religiosas o morales, se nieguen a celebrar casamientos entre personas del mismo sexo. José Luis Bussi y “Renzo” Cirnigliaro apoyan la iniciativa.

El proyecto de ley impulsado por el legislador Esteban Jerez (Bloque Alberdi), para eximir a los jueces de paz que, aduciendo una objeción de conciencia, por razones religiosas o morales, se opongan a celebrar matrimonios entre homosexuales, sigue levantando polvareda.

La delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), convocó a una conferencia de prensa para instar a los legisladores a no tratar la iniciativa, que también dispone preservar el derecho de los profesionales de la salud que se resistan, por los motivos antes expuestos, a realizar prácticas como los abortos no punibles, que están contempladas en el Código Penal.

La titular del INADI en Tucumán, Teresa Ivankow, justificó su postura en contra de la propuesta del parlamentario opositor advirtiendo que un proyecto de ley provincial carece de competencia legislativa frente a una norma de alcance federal, en referencia a la ley que habilitó el matrimonio gay, a partir de una modificación al Código Civil.

Tal como había informado oportunamente EL SIGLO, el proyecto de Jerez prevé que “los jueces de paz que se consideren impedidos de cumplir con las disposiciones de la Ley Nº 26.618 (de casamiento homosexual), en razón de profesar profundas convicciones religiosas, filosóficas o morales, opuestas a las normas que la misma pregona, tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia y quedarán exentos de su cumplimiento”. Además, la propuesta contempla que esos funcionarios, por las razones antes expuestas, podrán excusarse de casar a una pareja homosexual a través de un decreto, que no podrá ser revisado ni rebatido judicialmente.

Al respecto, Ivankow advirtió que “de permitirse la objeción de conciencia, se perjudicaría de manera directa en normal desempeño de la función pública y se configuraría el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por su parte, el delegado local de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y abogado del INADI, Augusto Moeykens, aclaró que ningún proyecto provincial “puede menoscabar ni generar situaciones de excepción al cumplimiento de los deberes que le atañen a funcionarios o empleados públicos”, en alusión a los jueces de paz.

La réplica del autor

En diálogo con nuestro diario, Jerez lamentó que “el INADI asuma esta postura y se oponga al debate de un proyecto legislativo, porque es como querer silenciar una voz disidente dentro del Parlamento, lo cual es gravemente contradictorio, si tenemos en cuenta que viene de un organismo que debe luchar contra todo tipo de discriminación”.
En el mismo sentido, sostuvo que “en lugar de oponerse antes de que sea discutido un proyecto como este, el INADI debería proponer su amplio debate en foros ciudadanos, para que distintos sectores puedan expresarse sobre el tema”.

Tras aclarar que la iniciativa todavía no fue analizada en comisión, el legislador opositor opinó que “sería muy bueno que el oficialismo acepte debatirla en el recinto, porque se debe conocer el pensamiento de cada uno de los legisladores sobre un tema de conciencia, que excede cualquier tipo de mandato partidario”.

A la hora de defender el polémico proyecto, Jerez insistió en que “a aquellos jueces de paz que no estén convencidos, por razones morales o religiosas, de llevar adelante una unión entre dos personas del mismo sexo, hay que respetarlos y resguardar ese derecho, para que no sean sancionados y caigan en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios por ello”.

No obstante, aclaró que “por supuesto, el Estado deberá garantizar que esos ciudadanos puedan también hacer valer sus derechos y casarse, designando a otro funcionario que sí esté de acuerdo en celebrar la unión”.

El opositor sostuvo que “hay que respetar a aquellos que piensen diferente y que, en base a sus convicciones y su conciencia, se opongan a este tipo de medidas”. Y destacó que “con mucha mayor razón aún, hay que respetar la objeción de conciencia de los médicos y trabajadores de la salud respecto al tema de los abortos no punibles, sobre los cuales el Gobierno ya hizo una guía instructiva”.

Aval de legisladores

El legislador Jerez no está sólo en esta cruzada para que se implemente el instituto de la “objeción de conciencia” en Tucumán. Su par del Partido Republicano, José Luis Bussi, dijo a nuestro matutino que está “totalmente de acuerdo con el proyecto”.

“El día en que llegue al recinto, voy a apoyar esta iniciativa con entusiasmo, porque así como se ha reconocido la exacerbación del derecho de una minoría a contraer matrimonios entre personas del mismo sexo, no se debe avasallar el derecho a la conciencia de un juez, de hacer la reserva pertinente para preservar su propio derecho a objetar la medida por razones morales o religiosas”, argumentó.

Bussi coincidió en que “del mismo modo, hay que resguardar el derecho de los profesionales que no estén de acuerdo con realizar prácticas abortivas”.
Según el parlamentario republicano, “el derecho otorgado a las minorías, no tiene por qué avasallar los derechos de las mayorías, porque el derecho de unos termina donde comienza el derecho de otros, de modo de sostener la armonía social”.

Por su parte, Osvaldo “Renzo” Cirnigliaro, del Partido Laborista, también adelantó que está “de acuerdo con el proyecto” y que lo acompañará, en caso de que llegue al recinto, “porque -explicó- la tendencia de este Gobierno, tanto provincial como nacional, es la de proponer un modelo social que vaya a contramano de las creencias religiosas y morales de la mayoría del pueblo argentino”. En la misma línea, el legislador opositor aseguró que “existe un inocultable propósito de desacralizar la vida social de los argentinos. Somos concientes de que no se deben mezclar Iglesia con Estado, pero el Gobierno, cuando el pueblo lo designa como representante, es precisamente para que administre los asuntos comunes, pero ello no le otorga potestad para que cambie su fe”.

“Renzo” también apuntó contra el INADI y aseguró que, con su postura, el organismo “demuestra que no tiene ninguna imparcialidad o independencia de criterios”.

En este sentido, apuntó que “el INADI se encuentra resguardando únicamente los derechos que propone la presidenta de la Nación y no los derechos del pueblo”.
Para reforzar su postura, Cirnigliaro recordó que “se discriminó a la mayoría del pueblo tucumano cuando se quitó la cruz de la bandera provincial y el INADI ni se molestó en investigar si había o no una discriminación. Este régimen nació tuerto y mira con un sólo ojo”, disparó, para terminar.

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