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Human Rights Watch presenta un informe que denuncia la situación de las personas LGTB en Irán

Iran – (Dos Manzanas)

Se trata de una realidad desgraciadamente ya conocida, como ejemplifican los casos de Ebrahim Hamidi, Reza, Alireza, Hamid y Amir Hossein o Nemat Safavi, entre otros. Ahora, sin embargo, la conocemos con mayor detalle. La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha presentado un informe, basado en los testimonios de más de un centenar de iraníes, que hace un completo repaso de la situación de las personas LGTB en Irán, “víctimas tanto de los agentes del Estado como de particulares, en parte porque dichos actores saben que pueden abusar de ellas sin consecuencias”.

Según ha constatado HRW, las fuerzas de seguridad de Irán recurren a leyes discriminatorias para acosar, arrestar y detener a personas que consideran homosexuales. Los incidentes suelen ocurrir en parques y cafés, aunque también ha documentado casos en los que allanaron casas y vigilaron sitios de internet. El informe presenta también casos en los que las fuerzas de seguridad maltrataron y torturaron a personas realmente LGTB o sospechosas de serlo. Varias personas han contado como fueron atacadas sexualmente o violadas.

Un ejemplo es la historia de Navid, un hombre gay de 42 años propietario de un café en las afueras de Teherán, que ha contado a HRW un ataque que sufrió en 2007 a manos de dos agentes de paisano. Lo capturaron cuando salía del trabajo, lo esposaron y lo llevaron a su casa. Lo arrojaron fuera del vehículo, le golpearon y le obligaron a entrar en la casa, donde le atacaron sexualmente. “[Uno de ellos] me introdujo su pene en la boca por la fuerza. Vomité y me ensucié. Me arrastraron hasta el baño y me lavaron con agua fría. Estuvieron golpeándome por todas partes durante todo el tiempo”, ha contado. Los agentes se lo llevaron después a otra residencia, donde lo encerraron en una cocina maloliente y llena de cucarachas. “[Uno de los agentes] me quitó la ropa. Después me violó con una linterna y un bastón. Me tiró al suelo y me violó. Los otros le ayudaron”.

El informe documenta también violaciones del debido proceso ocurridas durante el enjuiciamiento de personas LGTB. Los acusados de delitos de prácticas sexuales consensuadas con personas del mismo sexo tienen pocas posibilidades de recibir un juicio justo. Los jueces ignoran las disposiciones sobre pruebas del Código Penal en los casos de sodomía y suelen aceptar confesiones obtenidas mediante tortura y presión psicológica. En otros casos, los tribunales han condenado a acusados de sodomía basándose solamente en el “conocimiento del juez derivado de métodos consuetudinarios”. Las disposiciones probatorias del Código Penal de Irán permiten a los jueces basarse en pruebas circunstancialmente débiles para determinar si se ha cometido un delito en ausencia de otras evidencias, o incluso ante la presencia de pruebas exculpatorias.

El Código Penal iraní criminaliza todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio tradicional, y muy especialmente los “delitos” de relación entre personas del mismo sexo. Los castigos son severos, y pueden llegar a la pena de muerte cuando el juez determine que ha habido penetración. De hecho, Irán es uno de los únicos siete países con leyes que permiten ejecuciones por la conducta sexual consensuada entre personas del mismo sexo (llos otros son Mauritania, Nigeria, Arabia Saudí, Somalia, Sudán y Yemen). Desde la revolución iraní de 1979, los medios de comunicación han publicado muchas historias acerca de ejecuciones por relaciones entre personas del mismo sexo. La abrumadora mayoría son varones acusados de sodomía, entre ellos menores de 18 años cuando cometieron presuntamente el acto. El Gobierno iraní mantiene que la mayoría de estas personas fueron acusadas de violación. Y dado que en Irán los juicios por delitos contra la moral se celebran habitualmente a puerta cerrada, es difícil determinar qué proporción de los acusados son LGTB y qué proporción de las presuntas conductas delictivas fueron consensuadas. Y todo ello pese a que Irán ha ratificado, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la imposición de la pena capital a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito.

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