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La OEA promueve una Convención Interamericana de derechos sexuales y reproductivos

Santiago – (OTD)

Actualmente, una de las mayores amenazas en América Latina es el apoyo que OEA estaría dando a un proyecto de tratado internacional para la región denominado “Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos”.

Esta Convención sería el primer documento vinculante que reconocería los llamados derechos sexuales y reproductivos. Tras quince años de infructuosos intentos desde las Conferencias de El Cairo y Beijing, el conglomerado de organizaciones internacionales abortistas y algunos malos funcionarios de ONU y OEA no han podido incorporar esos polémicos conceptos en ningún instrumento del derecho internacional que tenga carácter vinculante.

El texto menciona entre estos supuestos “derechos”: la “interrupción voluntaria del embarazo”, el reconocimiento de la identidad de género y todo tipo de orientación sexual en un pretendido intento de elevarlos a la categoría de derechos humanos. De ser aprobada esta Convención, los Estados estarían obligados a reconocer, garantizar e implementar servicios para el pleno ejercicio de los “derechos sexuales y reproductivos”. Asimismo, la objeción de conciencia sería limitada tremendamente y el Estado estaría obligado a reemplazar “sin dilaciones” a los objetores. El borrador está publicado actualmente en una página web feminista pro aborto muy radical. (i)

Desde que la delegación de Venezuela ante la OEA pidió auspiciar este proyecto en la Asamblea General 2009, una gran campaña de apoyo a la Convención se está desarrollando por ONGs en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Por ejemplo, un día antes de la última Asamblea General de OEA realizada en Junio del 2010 en Lima lograron realizar un evento previo. En esa ocasión los representantes de la campaña a favor de esta Convención se reunieron con el Secretario General de OEA, el chileno José Miguel Insulza. Una de ellas fue Karen Borges Queiroz, miembro de la delegación oficial de Brasil para la Asamblea General de la OEA y una de las líderes de Católicas por el Derecho a Decidir de su país.

La situación es aún más preocupante por la conocida opción abortista de Insulza. Cuando fue candidato presidencial en su país en el 2008, declaró abiertamente que despenalizar el aborto terapéutico era parte de su campaña. (ii) Por si esto fuera poco, no son pocos los altos funcionarios de la OEA que también son abiertos partidarios del aborto. Mirta Roses directora de la Organización Panamericana de la Salud expresó abiertamente su opción pro aborto desde que fuera elegida en Octubre del 2002. (iii) Podemos citar también a la recién electa presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Rocío García Gaytán. García hizo uso del cargo de Presidenta del “Instituto Nacional de Mujeres de México” para sumarse a los grupos abortistas, oponiéndose a las reformas constitucionales que protegen el derecho a la vida desde la concepción en 17 estados de su país. (iv).

Abortistas creen que el momento es propicio pero trabajan en la penumbra a pesar de toda esta efervescencia en el mundo de las ONGs, en la última Asamblea General de Lima (Junio 2010) y en la última reunión de la Comisión Interamericana de Mujeres no se mencionó el tema de la Convención.

Expertos como Marie Smith (Parliamentary Network for Critical Issues) y Piero Tozzi (Consejero Legal Senior de Alliance Defense Fund) manifiestan que la Convención se sigue trabajando privadamente al interior de diversas instancias de la OEA y podría ser aprobada sin ningún debate en una próxima Asamblea General (a realizarse en El Salvador en Junio de 2011).

Este mismo modus operandi de aprobación sin debate fue observado en la última Asamblea General 2010 en Lima. En esa ocasión, Population Research Institute – América Latina, junto a algunas organizaciones pro familia hicimos seguimiento a un proyecto de resolución OEA sobre “Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género”. Esta resolución fue finalmente aprobada dentro de un paquete de 443 páginas de 89 resoluciones votadas en conjunto a mano alzada. Cuando alguno de los participantes pro familia presentes protestaron, se argumentó que todas estaban previamente acordadas.

Sus promotores creen que las condiciones son ideales para generar un documento vinculante que cambiaría el status legal de todos los asuntos sobre Vida y Familia en la mayoría de países de América Latina. Nosotros en Population Research Institute no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

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