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Activistas LGBT venezolanos esperan debate en la Asamblea Nacional

Caracas – (Ultimas Noticias)

La movilización que llegó el pasado martes 22 a la Asamblea Nacional (AN) entregó un documento con algunas peticiones básicas por los derechos de las personas sexo-género diversas.

Se trata de un formulamiento propio entregado a los diputados Fernando Soto Rojas, Blanca Eekhout y Aristóbulo Istúriz, directivos de la AN, que plantea la discusión de leyes antidiscriminatorias, la inclusión de los crímenes de odio en el Código Penal y la reforma de cinco artículos del Código civil; entre ellos el 118 (uniones de hecho igualitarias) y el 146 (cambio de identidad).

“Parece algo de avanzada pero no lo es. La propuesta es relativamente sencilla y limitada. Venezuela es el último país, junto a Perú, en la región en cuanto a igualdad de derechos en esta área. No hay políticas públicas que nos permitan acceso a la vivienda, a la salud, a la educación”, señala Tamara Adrián, abogada y miembro de la Red de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales de Venezuela (Lgbti).

Yo, civil. Estrella Cerezo resume apenas una parte de la lucha de la comunidad transgénero: “Se nos hace imposible buscar trabajo, ingresar a la educación, sea la universidad o hacer un curso”.

Estrella, miembro de la organización Transvenus, considera que la modificación del artículo 146 podría dignificar el trabajo y la educación de esta población: “estamos limitados a trabajos que tienen que ver con estética o de índole sexual. Para otras cosas siempre hay piedras de tranca”, asegura Cerezo.

La propuesta contempla el cambio de identidad, independientemente de la reasignación genital para proteger la dignidad de las personas y su libre desarrollo.

“Es una necesidad psicológica. Hay estudios que demuestran que la identidad de género está localizada en el hipotálamo del cerebro aunque no coincida con el aspecto físico”, asegura José Ramón Merentes, miembro de Unión Afirmativa.

Patrimonio común. “Lo estoy enfrentando. Mi casa en el barrio Federico Quiroz está en riesgo pero mi pareja y yo no tenemos posibilidad de comprar vivienda aunque tenemos seis años juntos”, cuenta César Sequera, representante de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana.

No califica para programas de gobierno porque es soltero. Tampoco puede pedir crédito hipotecario con su pareja porque sólo se aceptan cónyuges o relaciones de consanguinidad hasta 4to grado.

Sequera es pastor de esta comunidad religiosa y aunque proclaman un estado laico donde religión y Estado estén separados, está consciente de que la religión tiene un papel preponderante en la discriminación: “Intentamos desmitificar temas bíblicos como Sodoma y Gomorra. Ayudamos a quienes vienen a la iglesia buscando la bendición divina e incluso si vienen con una identidad errónea de si mismos”.

39 parejas han sido bendecidas por esta iglesia, luego de cumplir requisitos como tener por lo menos un año de convivencia. “Más allá del juicio religioso o moral está el derecho como ciudadanos. Eso es inclusión social”, añade Sequera.

Tamara Adrián amplia la razón de esta lucha: “Asumimos el compromiso de eliminar leyes segregacionistas en Venezuela basadas en prejuicios religiosos. Y -como dijo Mandela- primero hay que luchar por los derechos para luego lograr el cambio social”.

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