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Pedido de justicia para un entrerriano discriminado de la funcion publica por orientación sexual

Entre Rios – (AIM)

Juan Carlos Fernandez

Hace más de una década, “fui discriminado en la administración pública por ser homosexual y aunque la demanda está en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para sentencia hace más de un año, aún no tengo respuestas”, confirmó el titular  de la Comunidad Homosexual de Entre Ríos (Cher) y damnificado en la causa, Juan Carlos Fernández, quien advirtió: “solo pido que se haga justicia”.

Fernández señaló que “lamentablemente, este caso es una demostración más de lo lenta que es nuestra justicia”. “Hace más de un año que la demanda está en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para sentencia pero aún no tengo respuestas”.

“Lo único que pido es que se haga justicia y que el poder político apoye este tipo de causas”, dijo y afirmó: “es necesario que la pelea por la justicia social y los derechos humanos no sean solo palabras para un acto político”.

Además explicó a AIM “el retardo para dictar una sentencia y las dilaciones indebidas son una falta grave y por eso pido justicia”. “Fui discriminado por ser homosexual en democracia siendo empleado publico y esto no puede quedar así”, finalizó.

La causa

Juan Carlos Fernández desarrolló sus actividades como empleado público desde el año 1986 en la dirección de Salud Publica de Entre Ríos.

En mayo del 2000, el gobierno crea la Policía Comunitaria dependiente de la Policía de Entre Ríos, siendo uno de los seleccionados de forma obligatoria por la jefa del sector para realizar tareas como personal civil. De esta manera, “no solo comienza la persecución y discriminación por su orientación sexual, sino también impidieron su ascenso”.

Al presentarse ante la Policía Comunitaria, comenzaron los inconvenientes, se le asignaron tareas relacionadas a la prevención de salud en la vía pública y barrios aledaños a la ciudad.

Así comenzó la persecución, el maltrato y el quite de colaboración y de los instrumentos de trabajo, tales como la desaparición de las planillas de firma donde constaba su asistencia, el no acceder a las computadoras para las tares habituales, burlas despiadadas y manifestaciones verbales del personal policial.

Fernández se entera que le estaban ejecutando un sumario administrativo por inasistencia. No obstante continúa presentándose al trabajo teniendo que cumplir las horas que correspondían de pie, ya que no lo dejaban sentarse ni acceder al teléfono.

Recibió una notificación que obligatoriamente debía solicitar la licencia por vacaciones acumuladas, y estando gozando de su derecho recibe un telegrama en el cual constaba su suspensión sin goce de haberes y notificándole del sumario administrativo el cual había prosperado mediante decreto 4516/2001 de la Gobernación de Entre Ríos.

El 5 de junio de 2003 mediante decreto 2064, el gobierno provincial lo despide por inasistencia, y el 15 de junio del mismo año llega a mi domicilio el telegrama correspondiente. El 30 de junio de se mismo año presenta un recurso de revocatoria sobre el caso, ante la Fiscalía de Estado, a cargo en ese momento de Sergio Avero “quien deja correr lo plazos correspondientes para no dar ninguna solución”.

En Septiembre de 2004 y ante la falta de justicia decide comunicarse con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) para realizar la denuncia correspondiente. Viaja a Buenos aires, presenta las denuncias en el Instituto nacional contra la Discriminación (Inadi) y el caso comienza a tomar estado público en todo el país.

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