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El Gobierno salteño autorizó el cambio registral de identidad de género para las personas transexuales

Salta – (Telam)

Cambio registral de nombre para trans de Salta

El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, emitió este viernes la resolución 712 que autoriza al Registro Civil que por vía administrativa acepte los cambios registrales de identidad de género a toda persona transexual de la provincia que lo solicite.

Una vez que el peticionante presente el pedido por vía administrativa en el Registro Civil de las Personas, el Juez deberá homologarlo y posteriormente el Registro le otorgará el nuevo DNI y la partida de nacimiento.

Este es el caso de María Pía Ceballos y de otra joven que fueron patrocinadas por la abogada Natalia Buira, pero que se extiende a toda persona transexual que lo solicite.

Ignorados

El vicepresidente de ALUDIS, Rodrigo Liendro, denunció que sobre la presentación que se hizo solicitando el cambio de identidad de una persona trans, la Asociación no recibió ningún tipo de apoyo de parte de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel provincial como nacional.

Liendro dijo que hasta ayer, día en el que se presentaron todas las adhesiones al petitorio, no hubo respuestas de parte de las entidades ligadas a los derechos humanos, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el INADI, el Observatorio de Derechos Humanos, el área Municipal de la Mujer y la Comisión de la Mujer de la UNSa, entre otros.

En este sentido, manifestó: “Se trata de espacios con los cuales nosotros hemos trabajado en su momento y siempre tuvimos una estrategia en común. Ahora nos llama la atención que no se hayan comunicado con nosotros porque acá nos conocemos todos y es una cuestión de voluntad”.

El vicepresidente de ALUDIS aseguró que no es la primera vez que las entidades mencionadas no se expiden sobre temas que vulneran los derechos humanos, como en el caso de la represión a los pueblos originarios, cuando “estas entidades no tomaron una posición pidiendo explicaciones al estado provincial y ni hablar de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia”.

“Uno puede estar a favor o en contra. Pero si se trata de entidades que velan por los derechos constitucionales, tienen que hacerlo también de una forma pública porque la ciudadanía tiene que estar informada”, añadió Liendro.

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