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Cinco parejas binacionales casadas en Estados Unidos presentan una demanda contra la DOMA ante la justicia federal

Nueva York – (Dos Manzanas)

Cinco parejas binacionales casadas en Estados Unidos han presentado una demanda ante la justicia federal contra la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Las cinco parejas argumentan que la ley, y en concreto el modo en que afecta a la situación legal de los cónyuges no estadounidenses, viola su derecho constitucional a la igualdad de trato. Aunque la DOMA ya ha recibido diversos varapalos por parte de la justicia federal, la demanda es quizá la más ambiciosa de las planteadas hasta la fecha.

Las cinco parejas, que cuentan con el soporte de la organización Inmigration Equality, están casadas en Estados Unidos. Tres viven en Nueva York, una en Connecticut y otra en Vermont (se trata de tres estados que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo). Las cinco son parejas de un ciudadano o ciudadana estadounidense y un ciudadano o ciudadana de otro país (entre ellos, la española Mar Verdugo). En los cinco casos, el cónyuge no estadounidense carece del derecho a residir de forma permanente en Estados Unidos, un derecho que sí es reconocido a los cónyuges de matrimonios entre personas de distinto sexo. Y es que, en virtud de la DOMA, a efectos de inmigración -competencia de la administración federal y no de los estados- las uniones civiles y los matrimonios entre personas del mismo sexo simplemente “no existen”, ni siquiera los celebrados en Estados Unidos.

La discriminación que supone la DOMA resulta tan indiscutible (en este y en otros aspectos) que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió hace ya más de un año que dejaría de defender la ley en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (hace pocas semanas tomaba la misma decisión por lo que al ámbito militar se refiere). El Departamento de Justicia llegó incluso a admitir ante un tribunal federal de San Francisco que la DOMA viola la Constitución de Estados Unidos al establecer la discriminación de unos ciudadanos sobre otros en función de su orientación sexual.

Su proceso de derogación legislativa, por otra parte, se inició hace varios meses, pero parece imposible que llegue a buen término mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes.

Una ley ya “tocada” por la justicia

Lo cierto es que ya son varias las sentencias judiciales que han declararado inconstitucionales aspectos de la DOMA. Una de las más importantes, aunque no la única, fue la que en julio de 2010 emitió Joseph Tauro, juez federal de Massachusetts, que consideró inconstitucionales elementos fundamentales de la ley. La sentencia resolvía dos demandas contra la administración federal. Una de ellas fue interpuesta por el propio estado de Massachusetts, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La otra fue interpuesta por la organización GLAD (Gay and Lesbian Advocates and Defenders) en nombre de siete parejas casadas y tres viudos a los que la administración federal negó los beneficios que les hubieran correspondido de haberse casado con una persona del otro sexo.

Por lo que se refiere a la política de deportaciones, en junio de 2011 las autoridades de inmigración cancelaron de forma definitiva la deportación de un ciudadano venezolano casado en Connecticut con un estadounidense. Previamente había cancelado la deportación de un irlandés unido civilmente a otro ciudadano estadounidense en Nueva Jersey. En noviembre pasado, sin embargo, la administración Obama aprobó sus nuevas directrices sobre deportaciones y estas continuaron sin mencionar de forma explícita a las parejas del mismo sexo, aunque sí establecen nuevas circunstancias que hacen que las deportaciones pasen a ser consideradas como de “prioridad baja”. Entre ellas se menciona el hecho de tener “un familiar inmediato” que sí es ciudadano estadounidense. Un eufemismo que estaría destinado a incluir a las parejas del mismo sexo sin mencionarlas expresamente, pero los defensores de los derechos LGTB consideran que obliga a ”leer entre líneas”.

Más recientemente, un juez de inmigración de Houston (Texas) paralizaba la expulsión de un ciudadano de Costa Rica casado en California con un estadounidense, y ello a pesar de residir en estos momentos en Texas, uno de los estados cuya Constitución prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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