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Una solicitada para que Macri no vete la ley de atención de abortos no punibles

Por Bruno Bimbi – (Tod@s)

El jueves 27 de septiembre, después de medianoche, luego de un intenso debate, la legislatura porteña aprobó la ley que establece el protocolo para la atención de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, el 13 de marzo pasado, dejó en claro en qué casos la práctica del aborto no está prohibida por el Código Penal, poniendo fin a años de controversias sobre la interpretación de la ley. El protocolo aprobado por la Legislatura, que establece cómo debe proceder el Estado para garantizar en la práctica el cumplimiento del fallo, fue rechazado por el PRO, pero votaron a favor los legisladores y legisladoras de todos los demás bloques —Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, UCR, Coalición Cívica, Proyecto Sur, MST, etc.—, formando una ajustada mayoría. El oficialismo local asegura que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, vetará la ley, como ya lo ha hecho con muchas otras aprobadas por la Legislatura, y esa posibilidad generó la reacción de distintos sectores de la sociedad. Una solicitada firmada por periodistas, escritores, músicos, actores y actrices, políticos, sindicalistas, militantes sociales, docentes universitarios y otras personas de las más diversas identidades le pide al jefe de gobierno que desista del veto y promulgue la ley aprobada por la Legislatura. El texto y las firmas, cuya amplitud probablemente sorprenda, se dan a conocer a través de este blog.

Texto de la solicitada

El artículo 86 del Código Penal dice que el aborto, practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, no es punible si tiene por fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre —que no pueda ser evitado por otros medios— o si el embarazo proviene de una violación ”o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Una interpretación maliciosa de ese texto, carente de lógica sintáctica, aducía que sólo se permitía el aborto en caso de violación cuando la víctima fuera una mujer idiota o demente. El código usa, para esos casos, la expresión “atentado al pudor”, diferenciándola de la violación común, pero cada caso, inclusive cuando se trataba de una menor de edad víctima de abuso sexual, acababa judicializándose, ya que los médicos de los hospitales públicos muchas veces tenían miedo de practicar el aborto y ser denunciados ante la justicia penal.

Los grupos de presión vinculados a la Iglesia católica y a algunas confesiones evangélicas, además de hacer lobby para impedir la despenalización total del aborto en el Congreso, intervenían con acciones judiciales, amparos y denuncias, intimidando a los médicos de los hospitales que debían intervenir en los casos de aborto ya permitidos por la ley. De esa manera, se aplicaba también a esos casos la regla tácita que regula la práctica del aborto en la Argentina: las mujeres de clase media para arriba, que pueden pagar un médico particular, abortan sin mayores dificultades, pero aquellas que dependen del sistema público de salud quedan abandonadas a su suerte. La mortalidad materna por abortos clandestinos realizados en condiciones inadecuadas es altísima y afecta exclusivamente a las mujeres pobres.

“Un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este proceder el que ha obstaculizado la implementación de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la década de 1920″, dice la Corte en su fallo, y agrega que “cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico–burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama”.

El protocolo aprobado por la Legislatura establece claramente cómo deben actuar los médicos en cada uno de los casos de aborto permitidos, a fin de evitar discusiones innecesarias. La mujer debe ser ampliamente informada antes de decidir, pero la decisión, finalmente, es suya: “Constatada la existencia de alguna o algunas de las causales de no punibilidad contempladas en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal, el/la profesional interviniente debe informar a la persona, y en caso de corresponder a su representante legal, el diagnóstico y el pronóstico, la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo y los alcances y consecuencias de la decisión que adopte, en un marco de privacidad y confidencialidad. La explicación debe ser clara y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. Se debe informar dando lugar a que se realicen todas las preguntas que la persona estime necesarias”. El plazo para la realización del aborto no debe exceder los cinco días y en ningún caso podrán exigirse requisitos que no están en la ley ni someterse la decisión a cualquier instancia administrativa o judicial.

Era lo que había pedido la Corte: “Corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

La aprobación del protocolo fue una victoria de varias diputadas de distintos bloques políticos que trabajaron articuladamente. Entre ellas, se destaca María Rachid, ex presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, quien llevó a la Legislatura la experiencia acumulada durante la lucha por el matrimonio igualitario, otra ley que requería la construcción de consensos transversales entre partidos distintos, la articulación de mayorías y mucha habilidad política. El macrismo no consiguió impedir la aprobación del proyecto, ni siquiera através de las trampas reglamentarias que suelen usar, que fueron todas desactivadas por la oposición. Ahora, el objetivo de Rachid y otras diputadas es impedir el veto y, para ello, había que buscar apoyo afuera de la Legislatura.

Junto a las demás impulsoras del protocolo, se propuso un objetivo que, en estos tiempos, parecía imposible: reunir firmas para una solicitada que no fuera kirchnerista ni antikirchnerista; que no fuera “contra Macri”, sino un reclamo hacia el jefe de Gobierno para que promulgue la ley, con el objetivo de conseguir que efectivamente lo haga; que se saliera por un instante de la lógica oficialismo versus oposición y reuniera las voces de todos aquellos que creen que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue un paso importante —el primero, pero no el último— en el reconocimiento legal de los derechos reproductivos de las mujeres, que ahora hay que reafirmar provincia por provincia. La disputa por el protocolo porteño para los abortos no punibles puede ser el punto de partida de una estrategia más amplia, que permita, a partir de la visibilidad que ese tema puede tener en los medios y en la política nacional, una discusión de fondo sobre el derecho al aborto, que debe darse en el Congreso.

El equipo de Rachid trabajó conjuntamente para juntar las firmas con el de la diputada Gabriela Cerruti y con otras legisladoras y legisladores de diferentes partidos. También colaboraron el representante de artistas Alejandro Vannelli y el autor de este blog. Las firmas fueron llegando de todos lados, en poco más de 48 horas. El texto de la solicitada es breve y concreto: “Las y los abajo firmantes solicitamos al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que promulgue la Ley de Aborto no Punible de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura Porteña el pasado 28 de septiembre. Esta norma se encuentra en sintonía con lo resuelto este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de mujeres y niñas. Por eso, respaldamos la decisión de las diputadas y diputados de la Ciudad que, logrando un amplio consenso de la mayoría de las fuerzas políticas que integran la Legislatura, aprobaron esta ley a través de un procedimiento democrático luego de cinco largos años de debate”.

Las firmas seguramente sorprenderán a más de uno.

En el primer renglón, juntos, los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso: Daniel Filmus, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik. Entre los periodistas y escritores, que forman un mismo bloque, los primeros nombres muestran la diversidad de la convocatoria: están Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales, también Beatriz Sarlo y José Pablo Feinmann. Luego, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotowiazda, Sandra Russo y Luis Majul. La manera en la que los nombres se ordenan no es casual: expresa una decisión de desafiar el Boca / River y mostrar una demanda transversal a favor de lo que significa, para muchos, un avance democrático importante. Firman también, entre otros, Eduardo Aliverti, Luis Bruschtein, Florencia Etcheves, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Claudia Piñeiro, Mariana Carbajal, Soledad Vallejos, Luciana Peker, Eduardo Anguita, Daniel Seifert, Gustavo Noriega, Alejandro Bercovich, Liliana Hendel, Nora Veiras, María Seoane, Herman Schiller y Osvaldo Quiroga.

Entre los artistas, se destacan el cineasta Adolfo Aristarain, los músicos Fito Páez, Sandra Mihanovich, Víctor Heredia, Adriana Varela y Mariano Otero, y los actores y actrices Darío Grandinetti, Cristina Banegas, Mercedes Morán, Ana María Picchio, Cecilia Roth, Gerardo Romano, Juan Leyrado, Esther Goris, Celeste Cid, Florencia Peña y María Leal. No faltan representantes de los organismos de derechos humanos: Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo), el grupo H.I.J.O.S. Regional Capital, Poder Ciudadano, la ADC, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y directivos del CELS. Firman diputados y diputadas de casi todos los partidos, por ejemplo: Adriana Puiggros, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Claudio Lozano, Eduardo Santin, Jorge Rivas, Manuel Garrido, Mara Brawer, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Pino Solanas, Remo Carlotto, Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina, Víctor De Gennaro y Victoria Donda, y también los ex diputados Leonardo Gorbacz, Silvia Augsburger y Vilma Ibarra, las ex diputadas porteñas Vilma Ripoll, del MST, y Diana Maffia, de la Coalición Cívica, y el diputado provincial bonaerense Fernando Chino Navarro, del Movimiento Evita. Por fin, hay una larga lista de sindicalistas, como los docentes Hugo Yasky y Stella Maldonado, de la CTA, y el metrodelegado Beto Pianelli, docentes e investigadores de varias universidades y del CONICET y diversas organizaciones sociales y políticas. Por supuesto, la solicitada es apoyada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

(Aclaración: por razones de espacio, el diseño de la solicitada no incluye todas las firmas recibidas. A lo largo del día publicaremos un archivo de Word con la lista completa, ya que siguen llegando a noalvetodemacri@gmail.com).

Ahora Macri tiene la palabra. El jefe de gobierno deberá decidir si veta o promulga la ley sancionada por la Legislatura. Pero, tarde o temprano, la tendrá también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque falta debatir el tema de fondo, que es la legalización.

El proyecto de ley de aborto seguro legal y gratuito, firmado por diputados y diputadas de todos los partidos y con un amplio respaldo social, espera hace años ser debatido en el Congreso. Y todos saben que, en gran medida, la decisión de abrir el debate está en manos de la Presidenta. Como sucedió, con final feliz, con la ley de matrimonio igualitario, una demanda que es fruto de una construcción social llega al parlamento y precisa de decisión política para abrir un debate democrático que permita su aprobación.

Esperemos que, como sucedió entonces, ese debate sea posible.

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