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Denuncian discriminación contra gays en el sistema judicial de Puerto Rico

Fuente: EFE, Global Voices

Puerto Rico tiene una historia complicada y contradictoria en torno al género y la diversidad sexualidad.

Puerto Rico tiene una historia complicada y contradictoria en torno a la identidad de género y la diversidad sexual.

Las escuelas de derecho de la Universidad de Puerto Rico e Interamericana han solicitado una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la discriminación que entienden sufre la comunidad homosexual en el sistema judicial de la isla caribeña.

La Sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, junto a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, difundieron hoy un comunicado en el que se denuncia la falta de acceso a la justicia y la exclusión que enfrentan lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales (LGBT).

De ser aceptada la petición, que presentarán estudiantes de ambas universidades supervisados por las licenciadas Nora Vargas Acosta y Annette Martínez Orabona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocaría a funcionarios del Gobierno, así como a los peticionarios, a asistir a una sesión en la que los últimos presentarían el informe.

Según la petición, el informe abarcaría temas como el trato discriminatorio de las comunidades LGBT en las agencias públicas, la ausencia de investigaciones de crímenes de odio en contra del colectivo, abuso e intervenciones policiales, falta de protección a familias no tradicionales y el acoso escolar a niños de la comunidad.

Este año, las audiencias ante la CIDH se celebrarán durante la semana del 24 al 28 de marzo.

“La audiencia pública ante esta comisión servirá un doble propósito: nos permitirá traer a la atención y consideración de esta comisión la grave ausencia de reconocimiento de derechos y falta de acceso a la justicia en que se encuentran las personas de las comunidades LGBT en Puerto Rico”, reza la petición.

Entre las organizaciones que apoyan dicha solicitud se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) capítulo de Puertos Rico, Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.

La CIDH es una entidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos que sirve como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia.

 

¿Cuál es la posición de Puerto Rico sobre los asuntos LGBT?

Puerto Rico tiene una historia complicada y muchas veces contradictoria en torno al género y la sexualidad. Aunque recientemente se han tomado iniciativas -tal como la aprobación del proyecto de ley que prohíbe negar el trabajo a alguien por su género o su orientación sexual, y la inclusión de las parejas del mismo sexo bajo la protección de la ley contra la violencia doméstica- que constituyen sin duda los pasos hacia el camino correcto, aún queda mucho hasta asegurar la igualdad.

El Proyecto contra la discriminación mencionado más arriba, en su primera versión pretendía ofrecer al ciudadano una amplia protección contra la discriminación no solo en el lugar de trabajo, sino también al momento de solicitar y recibir servicios gubernamentales. Aunque muchos han criticado la versión descargada del Proyecto contra la discriminación que se hizo ley al final, aún así es muy significativo; considerando que fue solo en 2005 que las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas debido al dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2004, según el cual la penalización de las relaciones del mismo sexo es inconstitucional en todo estado y territorio no incorporado de los Estados Unidos, forzando así a una revisión del Código Penal. En 2002 la propia Corte Suprema de Puerto Rico había dictaminado que la prohibición de la ”sodomía” no fuese inconstitucional.

Sin embargo, a principios del año pasado, la misma Corte Suprema dictaminó que la adopción por parejas del mismo sexo es inconstitucional. Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez, dos madres puertorriqueñas que han criado juntas a su hija desde su nacimiento, han estado luchando durante años por tener a su familia legalmente reconocida. La única manera para que Ángeles Acosta pueda adoptar a su hija es que Carmen Milagros Vélez, la madre biológica de la niña, renuncie a sus derechos sobre la niña y los deje a su pareja.

Estos ejemplos son síntomas de la fuerte reticencia institucionalizada ante el reconocimiento de la diversidad sexual. Esto se origina, por una parte, del miedo de los políticos al sector conservador muy activo y, por otra parte, de políticos como el anterior presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que repetídamente ha expresado intolerancia no disimulada a la comunidad LGBT.

En realidad, la voz más fuerte que apoya a la comunidad LGBT se puede encontrar en el terreno de la cultura y en los medios de información ciudadana. El Puerto Rico Queer Filmfest, que en diciembre cumplió sus cinco años, es más que un festival de películas; pretende informar al público en general sobre la diversidad del género y de la sexualidad y fortalecer las alianzas con otras organizaciones LGBT.

Estos son solo unos pocos ejemplos de la lucha en desarrollo para la visibilidad y el reconocimiento de los derechos LGBT en Puerto Rico. 

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