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Sanción a colegio de Sevilla por discriminar a hijo de pareja gay

Fuente: Oveja Rosa, Dos Manzanas

Iván Vallejo y Ricardo Lucas denunciaron al colegio Yago School de Sevilla por no permitirles inscribir a su hijo por la simple razón de ser una familia homoparental.

Iván Vallejo y Ricardo Lucas denunciaron al colegio Yago School de Sevilla por no permitirles inscribir a su hijo por la simple razón de ser una familia homoparental.

Hace dos años, Iván Vallejo y Ricardo Lucas intentaron matricular a su hijo Rodrigo en Yago School, colegio privado de Sevilla cuyo supuesto ideario es enseñar a los alumnos el respeto por otras culturas, religiones y modos de vida. En febrero de 2012, cuando asistieron al colegio y se presentaron como pareja homoparental, les dijeron que no había vacantes.

A los días volvieron a intentarlo, esta vez sin identificarse como homosexuales, y consiguieron plaza. La pareja inició una recogida de firmas en la web Actuable (actual Change.org) para denunciar al colegio. Su lucha tuvo recompensa. La Inspección Educativa abrió una investigación y ha concluido que Rodrigo no ha recibido “igualdad de trato en el proceso de admisión en el centro”, según detalla la Delegación de la Consejería de Educación en Sevilla. Tras estudiar el caso, el servicio de Inspección entiende que se ha incumplido el deber de “velar por el interés superior del menor” recogido en la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Reproducimos a continuación parte del texto que la pareja escribió para actuable, en la que detallaban lo sucedido…

“Creíamos que en el año 2012 nuestro hijo no tendría que sufrir la discriminación, la homofobia y el escarnio que durante años tuvimos que sufrir sus padres. Pero nos equivocamos. Sólo uniendo nuestras voces podremos conseguir que se acabe de una vez por todas con la discriminación contra las familias homoparentales. La sociedad no avanza sola, tenemos que empujarla entre todos.

Cuando nos tocó buscar colegio para nuestro hijo de 3 años, en Sevilla, uno de los que más nos gustó fue el Yago School. Un colegio bilingüe, privado, laico y mixto, que destaca en su página web valores con los que nos identificamos y nos gustaría inculcar a nuestro hijo: ‘el respeto a los Derechos Humanos y el diálogo’, ‘animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida’.

Así que les escribimos, dejando claro desde el principio que nuestro hijo tiene dos papás. En ese momento los valores de su web se transformaron en excusas para no admitirlo.

Nos contestaron al correo diciendo que no había plazas. Pero llamamos sin decir quienes éramos y de repente sí las había, incluso nos dieron una cita para visitar el colegio. Cuando nos identificamos, se les cambió la cara. Nos dijeron que había sido un error administrativo y que por supuesto no les importaba que fuésemos una familia homoparental. Sin embargo a los dos días nos llamaron para decirnos de nuevo que no había plazas porque el director había decidido adjudicárselas ‘a sus contactos y compromisos’.

El Yago School pregona la igualdad y la tolerancia. Su reglamento, disponible en su web, reconoce el derecho de sus alumnos ‘a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, características físicas, extracción social o cualesquiera otras’. Pero en nuestro caso esto no ha sido cierto.

Es obvio que no vamos a enviar a nuestro hijo a esa escuela, pero nos parece inaceptable que un colegio utilice la igualdad y tolerancia como herramienta de marketing pero discrimine después a un niño que tiene un padre o dos, o una madre o dos”.

Tres meses después, en mayo de 2012, el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía concluía que el colegio había vulnerado la ley y proponía la apertura de un procedimiento sancionador. El expediente quedó en suspenso en diciembre de 2012 al iniciarse la investigación judicial, que después de un año ha cristalizado en la apertura de un procedimiento abreviado al entender que existen motivos suficientes para deducir, aunque sea de manera indiciaria, que se ha cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es que además de los testimonios de la pareja, de los correos electrónicos intercambiados con el colegio y del propio expediente de la Junta, su abogada Yolanda Hervás ha señalado que los movimientos de la cuenta del colegio demuestran que hay ingresos de reserva de matrícula en fechas posteriores a que el centro les comunicara que no tenía vacantes.

Los dos imputados pueden recurrir ahora ante el juez el auto, mientras que la Fiscalía aún no se ha pronunciado. Y habrá que ver en cualquier caso qué sucede, dada la ausencia de jurisprudencia previa en este tipo de casos en España. El caso sin duda arrojará luz (u oscuridad…) sobre la sensibilidad de la justicia española ante la discriminación de las familias homoparentales.

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