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Consideran arbitraria una condena a la Comunidad Homosexual Argentina

Fuentes: Página/12; 100% Diversidad y Derechos; FALGBT

Por considerar que la sentencia es “arbitraria” la entidad pidió a la Corte Suprema que tome el caso. Otras organizaciones acompañaron el reclamo como “terceros afectados”.

Por considerar que la sentencia es “arbitraria” la entidad pidió a la Corte Suprema que tome el caso. Otras organizaciones acompañaron el reclamo como “terceros afectados”.

 

Una Cámara condenó a la CHA porque una persona que se acercó a un acto en la Reserva Ecológica porteña fue atacada por un tercero ajeno a la actividad. Otras entidades se sumaron al rechazo de que una organización deba asumir el poder de policía en un lugar público. Reclaman que la Corte Suprema tome el caso.

El 15 de enero de 2005, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) organizó una actividad de la campaña Stop-Sida en el anfiteatro del parque Micaela Bastidas, de Puerto Madero. Durante el evento, que duró dos horas y media, un DJ pasaba música y activistas de la organización distribuían material informativo sobre prevención en salud. Según explicaron activistas de la CHA, “todo se desarrolló con tranquilidad y pacíficamente” y “en ningún momento nadie se acercó para denunciar algún episodio violento o solicitar ayuda”.

Pero poco después fueron denunciados ante la Justicia por Diego Arregui, un hombre que dijo haber sido atacado por un tercero en la vereda y que también responsabilizó por eso al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal Argentina (PFA). Arregui explicó que paseaba por Puerto Madero con amigos cuando escuchó música y se acercaron; que a unos metros vio a alguien sobre el piso y se dirigió hacia donde estaba para ayudarla, pero que antes de llegar sintió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente, tras lo cual sus amigos lo llevaron hasta el puesto de Prefectura más cercano. Arregui dijo que no había ningún policía en la zona, y que sus amigos no lograron dar con organizadores del evento. Una vez recuperado, inició la demanda por daños.

La causa prosperó hasta llegar a una resolución de Cámara que responsabilizó exclusivamente a la CHA por el incidente, basándose en que, a la hora de autorizar el evento, el gobierno porteño delegó “la seguridad” en la organización. Esa resolución, que condena a la CHA a pagar 450 mil pesos, asevera que la entidad tenía a su cargo la seguridad de las personas, aunque el evento transcurriera en un espacio público abierto.

Por considerar que la sentencia es “arbitraria”, vulnera una ley que prohíbe a asociaciones civiles y fundaciones brindar servicios de seguridad en espacio público abierto no concesionado y que se trata de un caso de interés público, la entidad pidió a la Corte Suprema que tome el caso. Organizaciones como la UTE (Unión Trabajadores de la Educación) y 100% Diversidad y Derechos acompañaron el reclamo como “terceros afectados” porque, explicaron fuentes de la CHA, “todas las asociaciones civiles de derechos humanos sin fines de lucro enfrentaremos el mismo peligro potencial de quiebra económica institucional y, tal vez, personal, a partir de este antecedente”.

“En general, las causas que reclaman por daños tratan cuestiones privadas, y la Corte no suele hacerse eco de cuestiones privadas salvo que haya arbitrariedad de sentencia, que se trate de un fallo en contra de la ley, de prevaricato. Y nosotros consideramos que este es precisamente un caso de arbitrariedad de sentencia”, explicó a Página/12 Marcelo Suntheim, abogado de la CHA. Desde UTE, la abogada Silvana Graciano explicó que en el fallo “hay un corrimiento de la responsabilidad del Estado, que parecería delegar en la organización el deber de seguridad sobre las personas, algo que es responsabilidad indelegabe del Estado. A la organización sí se le puede exigir la seguridad del espacio prestado, pero no eso”.

 

FALGBT expresó su apoyo y repudió el fallo

A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina LGBT expresó su apoyo a la Comunidad Homosexual Argentina, como así también “el contundente repudio” ante la condena que le fuera impuesta.

Asimismo, desde la FALGBT alertaron “por el peligroso precedente y latente riesgo que esta sentencia implicaría para la libertad de expresión y asociación por parte de las organizaciones de la sociedad civil si quedara firme”.

 

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