Por Gabriel Oviedo – (SentidoG.xom)

Homofobia de Estado en Argentina.

No fue hasta el 17 de mayo 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar de sus listas de enfermedades la homosexualidad. Esto supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay. Mientras se pide internacionalmente que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU convierta este día en efeméride internacional, en Argentina la homofobia aún persiste y los hechos demuestran que pese a algunos avances, como la aprobación del Matrimonio Igualitario, el propio Estado incurre en una homofobia por omisión o acción,

“Para terminar con la vergüenza de la homo-lesbo-transfobia en el mundo y en nuestro país, que trae como consecuencia terribles actos discriminatorios, exclusión, violencia y muerte, debemos conseguir que el Estado, en todas sus expresiones -nacional, provincial y municipal- lleve adelante políticas publicas y cumpla con la responsabilidad internacional de implementar las legislaciones y acciones que por un lado respeten la diversidad sexual y por el otro condenen los atropellos y las violaciones de derechos humanos que se originan contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Debe existir un fuerte compromiso para que desde la educación en todos sus niveles, se pueda debatir y enseñar el respeto a la diversidad, el pleno reconocimiento de la ciudadanía plena para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, donde se incluya la educación sexual de manera integral, con las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones. Debemos denunciar la falta de voluntad política, y su complicidad frente a la homo-lesbo-transfobia, que muestran las personas con responsabilidades ejecutivas y legislativas, que no dan respuesta contra la discriminación, como por ejemplo con la reforma de la Ley Antidiscriminatoria (Nº 23592) en la que no se contempla la orientación sexual e identidad de genero como causa de discriminación”, dice Pedro Paradiso Sottile, Secretario y Coordinador del Área Jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). “Esta situación es muy grave, ya que tiene que ver con la protección y las garantías de toda la ciudadanía frente a cualquier ataque intimidatorio que se sufra por su sexualidad, que es un derecho humano fundamental. Es increíble, ilegal, que todavía provincias como Neuquén y Formosa mantengan códigos de faltas que criminalizan la homosexualidad o el travestismo, es un ataque a la democracia que las fuerzas policiales mantengan aun la persecución, abusos y tratos humillantes hacia nuestra comunidad”.

Para conmemorar la fecha, la CHA exige que se traten y voten los proyectos presentados en el Congreso para reformar la ley, ya que considera que es una modificación urgente y prioritaria. “El Estado no solo desprotege a sus ciudadanos gays, lesbianas y trans, sino a la sociedad toda, y omite cumplir con las obligaciones asumidas al ratificar tratados internacionales.”, sostiene el abogado.

Considerada la meca de turismo gay de Latinoamérica, la Ciudad de Buenos Aires dista mucho de ser una urbe tolerante legislativamente con la diversidad. Tras haberse aprobado en abril de 2008, la ley que instauraba a la fecha de lucha contra la homofobia como parte del calendario escolar, aún espera que el estado porteño la cumpla. “Es preciso educar a los niños y jóvenes sobre el respeto a la diversidad sexual, pero si una ley vigente no se cumple, entonces poco podemos hacer. Son nuestros gobernantes los que deben cumplirla y garantizar nuestros derechos. Pero también nosotras/os debemos exigirles a los políticos y funcionarios que promuevan la igualdad de derechos, porque vivimos una democracia, donde el principio de igualdad y no discriminación cobra vida respetando justamente el derecho a ser diferente. Desde la CHA hemos denunciado e iniciado acciones legales contra la administración de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que es una muestra contundente de la falta de gestión, irresponsabilidad, inoperancia absoluta y  violación sistemática de nuestros derechos humanos que nuestra propia Constitución local promueve y garantiza”, dice Paradiso Sottile.

En el ámbito de salud, aún rige la prohibición a personas homosexuales de donar sangre. Esta prohibición, surgida de una resolución paralela a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, que es avalada por la Sociedad Argentina de Hemoterapia que aún sigue considerando a los gays como “grupos de riesgo”, establece que el donante, además de cumplir con requisitos de edad, deberá someterse obligatoriamente a un examen interrogatorio (anamnesis) “con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente” y a una “verificación del estado de salud normal mediante el examen clínico-biológico que permita descartar la existencia de algunas de las patologías del listado establecido por la vía reglamentaria, determinantes de su exclusión como tal”. Esta exclusión, claramente discriminatoria, puede ser derogada en un paso administrativo por las autoridades del Ministerio de Salud. La cartera dirigida actualmente por Manzur, no ha acusado recibo del dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) iniciado por una denuncia de la CHA, pidiendo la derogación de esta prohibición de donar sangre por el solo hecho de ser homosexual.

Por su parte,  diputados del Partido Socialista porteño presentaron en l Parlamento un Proyecto de Ley para la modificación del artículo 45 de la Ley Nacional de Sangre para terminar con este procedimiento.

Como dato, cabe mencionar que en odontología existe un protocolo que indica que indica los pacientes con VIH deben ser atendidos en el primero o en el ultimo turno, para proteger las medidas de higiene, cuando en realidad, cada paciente debe ser atendido con las mismas normas de seguridad.

En el interior del país, existen los Códigos de Faltas en las provincias que “están tachados de inconstitucionales en la mayoría de los casos, y hay que derogarlos o modificarlos. Los códigos de faltas son usados muchas veces como medio de hostigamiento hacia la gente transexual. Solo rigen en algunas provincias, y cada legislación provincial debe tratarlos particularmente en su ámbito, sin embargo, cada sociedad provincial tiene una diferente cultura pro la que no se llega a tratarlo”.

Fernando Baggio, Presidente de la organización sanjuanina La Glorieta, indica que “la implementación de la educación sexual integral es una de las deudas que muchos gobiernos provinciales deben afrontar para respetar la diversidad sexual y no caer en conductas discriminatorias. Por acción u omisión, en gran cantidad de escuelas del país todos estos temas siguen siendo tabúes”.

En la Provincia de San Juan, esta semana representantes de la Comisión de Educación de La Glorieta se reunirán con las autoridades del Ministerio de Educación Provincial para intentar destrabar la distribución del material existente y el abordaje por parte de los docentes de los contenidos que hoy en día se invisibilizan. “De esta manera a la población (docentes, alumnos y ciudadanos en general) no heterosexual o cuya identidad de género no corresponde con la que dice su DNI”, sostiene Baggio.

El activista agrega, además, que “los pedidos de ayuda por bullying han aumentado considerablemente, motivando a que iniciemos un proceso de capacitación de nuestros activistas con profesionales de la psicología y del derecho del Centro de Violencia del Estado provincial, a fin de dar adecuada respuesta a la gran cantidad de adolescentes que sufren este tipo de discriminación y no se animan a acercarse a otras instituciones. Es lamentable también la violencia que ocurre en las propias familias: insultos, golpes, exclusión del núcleo familiar son aún moneda corriente en sociedades conservadoras como la nuestra. Además de ofrecer una adecuada contención a la víctima, estamos abocados a que existan también menos victimarios, erradicando la raíz de este problema. En este sentido estamos trabajando en un grupo operativo en psicohigiene orientado a padres y madres de adolescentes gay, lesbianas, bisexuales o trans; el que está a cargo de un equipo de psicólogos que colaboran con nuestra ONG”.

“Entre las cosas más dolorosas de esta militancia está el tener que ayudar a un adolescente salvajemente golpeado por su propio padre, intentos de suicidios y demás situaciones lamentables que demuestran lo mucho que nos falta transitar todavía, a pesar de los recientes festejos por la ley de matrimonio igualitario, y la importancia de redoblar los esfuerzos de nuestra organización, no quedándonos en el lamento o insuficiente expresión de nuestro punto de vista, sino realizando actividades concretas tendientes a modificar la realidad y construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva•, indica.

Por su parte, Gustavo Díaz Fernández, especialista en Derechos Humanos para Comunicadores Sociales. y actual presidente de Crisálida biblioteca popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos de  Tucumán, sostiene que “el Estado también tiene una responsabilidad por omisión, y esto es algo que no debemos olvidar. El Estado debe cumplir con varias asignaturas pendientes en materia legislativa y de políticas públicas para erradicar las prácticas discriminatorias, poner fin al estigma y asegurar el interés superior de LGBT. Nuestros/as compañeros/as trans están merced de la voluntad de cada juez, que a veces dice ‘que sí” y otras  “que no”. Mientras los derechos humanos no estén debidamente garantizados para la comunidad LGBT seguiremos viendo como se culpabiliza a la víctima e incluso justifica socialmente la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT, lo cual contribuye a la invisibilización. Hay que poner fin a la negociación de los derechos de LGBT con grupos confesionales o fundamentalistas.  Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto trabaje para garantizar legislación y políticas públicas inclusivas y en contra del estigma asociado a la disidencia sexual/género”.

Argentina ha suscripto a tratados internacionales, por ejemplo los Principios de Yoghiakarta, que fueron incluidos con jerarquía constitucional, eso los coloca por sobre las leyes provinciales y el mismo código civil, por lo que el no cumplimiento de estos tratados hace que el estado incurra en la discriminación al colectivo LGTB.

La OEA, de la cual nuestro país es miembro, aprobó por unanimidad una resolución sobre el respeto a la orientación sexual e identidad de género, donde se compromete a aplicar políticas públicas para que ello ocurra. En diciembre de 2008, Naciones Unidas emitió una declaración con 13 puntos claves al respecto, donde toca los temas de discriminación, crímenes de odio, violencia, y falta de estas políticas públicas mencionadas anteriormente. Argentina no solo firmó esa resolución, sino que fue quien la presentó en forma regional.

Tal como manifiesta Pedro Paradiso Sottile, quien además es Secretario Regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex  (ILGA), “es importante que el movimiento lgtbi este siempre alerta, presente, y que tenga estrategias de reclamo y propuestas concretas, porque la mayoría de las veces los Estados, por si solos, no cumplen con todos los reclamos y con las leyes que conseguimos. Estamos convencidos que el proyecto de Ley de identidad de Genero, presentado el año 2010, impulsado por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Genero (Expte 8126-D-2010), será aprobado, porque ya hay innumerables antecedentes judiciales que así lo disponen, y porque el camino hacia una democracia igualitaria e inclusiva no tiene retorno, es un modelo que vamos a defender, para terminar con años de injusticia y persecución. Ninguna ley que beneficie a gays, lesbianas y trans, ha sido conseguida sin nuestra participación activa. Si vamos a esperar que alguien lo haga por nosotros, definitivamente no va a ocurrir. Nuestra lucha por la libertad y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos es en homenaje y por nuestra democracia, que afianzaremos para siempre, junto a diferentes movimientos sociales, que  históricamente sufrimos la humillación y exclusión por parte del poder y los discursos hegemónicos y arbitrarios. Sin lugar a dudas que una Presidenta de la Nación, como Cristina Fernández de Kirchner, promueva y tome como propia la agenda de nuestros colectivos, es un avance impensable años atrás y que por primera vez en nuestra historia, una funcionaria publica, la de mayor importancia en el país, se ponga al frente de nuestros reclamos con acciones concretas, como el plan nacional contra la discriminación, la pensión por fallecimiento y el matrimonio igualitario, entre otras”.

Entre los avances, se pueden contar el aval de la Presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, en la firma de la ley de pensiones y la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Recientemente la provincia de Río Negro levantó la prohibición de donación de sangre. Y Rosario cuenta con un Área de Diversidad Sexual dependiente de la Municipalidad. El debate por la Ley de Identidad de Genero está previsto para ser tratado en el Congreso en este periodo de sesiones ordinarias, y la Justicia ya lleva una veintena de casos favorables al reconocimiento de la identidad de elección.

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