Un profesor gay jubilado ha sido encarcelado después de amenazar a un juez por su decisión en un desafío legal de Don’t Say Gay en Florida.
Tras declararse culpable en mayo, Stephen Thorn, de 66 años y residente de Pensacola, fue condenado a cinco años de prisión por amenazar con dañar a una jueza federal y a su familia, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.
Según documentos judiciales, en octubre de 2022, Thorn no estaba conforme con un fallo emitido por el juez con respecto a una impugnación de la ley estatal “No digas gay” y dejó sus “mensajes de voz vulgares y cargados de obscenidades”.
En una carta presentada ante el tribunal, Thorn se disculpó por reaccionar exageradamente “precipitada y enojada” después de leer una noticia sobre el fallo del juez.
La controvertida ley No digas gay de Florida –formalmente conocida como la Ley de Derechos de los Padres en la Educación– “prohíbe la instrucción en el aula a estudiantes desde preescolar hasta tercer grado sobre orientación sexual o identidad de género”, mientras que para los grados cuarto a duodécimo tales discusiones están prohibidas excepto cuando “dicha instrucción sea expresamente requerida por los estándares académicos del estado” o sea parte de una clase opcional de educación sexual.
La legislación ha sido criticada por grupos LGBTQ+ y de derechos civiles por su efecto sobre la libertad de expresión. Además, la ley es extremadamente vaga, lo que significa que muchos profesores podrían ser cautelosos incluso a la hora de mencionar que tienen una pareja del mismo sexo o de tener una pegatina de arcoíris en el aula.
Aunque no se mencionó el nombre del juez del caso, se cree ampliamente que fue Wendy Berger, quien desestimó una demanda presentada por estudiantes LGBTQ+, sus familias y grupos de derechos civiles en Orlando, que buscaban detener la aplicación de la legislación en el Estado del Sol.
En los mensajes de voz, Thorn dijo que desestimar la demanda significaba que la ley estaba “básicamente dando luz verde para que (los estudiantes LGBTQ+) fueran considerados ciudadanos de segunda clase y acosados”. El juez era “muy fácil de rastrear”, agregó.
También dijo: “Veamos qué os parece si alguien pone en peligro a vuestros hijos o nietos en la escuela”.
El fiscal de distrito de Estados Unidos, Roger B. Handberg, afirmó: “Amenazar con causar daño a funcionarios públicos o a sus familias es un delito intolerable. Mi oficina se toma en serio este tipo de amenazas y está comprometida a investigar y procesar a nivel federal a cualquiera que amenace con este tipo de violencia”.
Thorn fue sentenciado a la pena máxima posible -y el doble de la solicitada por los fiscales- por el juez William Jung el miércoles (28 de agosto), informó Reuters.
