La administración Trump está culpando a los demócratas por un próximo lapso en los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), acusándolos de negarse a reabrir el gobierno federal para financiar el programa porque están resistiendo “atención médica para extranjeros ilegales y procedimientos de mutilación de género”.
Al mismo tiempo, según se informa, la administración se niega a utilizar fondos de emergencia para evitar una interrupción de las prestaciones.
Durante el fin de semana, apareció un mensaje en el sitio web del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) advirtiendo que, en medio del actual cierre del gobierno, los beneficios SNAP, que brindan asistencia alimentaria mensual a 1 de cada 8 estadounidenses, no se pagarán a partir del 1 de noviembre.
“Los demócratas del Senado han votado 12 veces para no financiar el programa de cupones para alimentos, también conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)”, se lee en el mensaje. “Nos estamos acercando a un punto de inflexión para los demócratas del Senado. Pueden seguir defendiendo la atención sanitaria para los extranjeros ilegales y los procedimientos de mutilación de género o reabrir el gobierno para que las madres, los bebés y los más vulnerables entre nosotros puedan recibir asistencia nutricional crítica”.
A medida que el cierre se extiende hacia su quinta semana, los demócratas del Senado se han negado a apoyar con todo su peso un proyecto de ley provisional respaldado por los republicanos para reabrir el gobierno y financiarlo en los niveles anteriores hasta el 21 de noviembre. Pero contrariamente al mensaje del USDA, los demócratas en realidad están esperando una legislación que amplíe los subsidios federales que evitarían que el costo de los planes de seguro médico de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) se dispare el próximo año. Mientras tanto, los republicanos se niegan a negociar sobre esos subsidios hasta que los demócratas acepten reabrir el gobierno.
Los demócratas del Senado introdujeron su propia medida provisional, que habría financiado al gobierno hasta el 31 de octubre, ampliando al mismo tiempo los subsidios de la ACA y deshaciendo los recortes republicanos que prohíben a los inmigrantes “legalmente presentes” acceder a los programas federales de atención médica.
Como informó NPR el lunes, un memorando no firmado del USDA que comenzó a circular el 24 de octubre sostiene que los aproximadamente $6 mil millones que el Congreso ha reservado en fondos de contingencia multianuales del SNAP no pueden usarse para financiar el programa durante el cierre.
“Los fondos de contingencia de SNAP solo están disponibles para complementar los beneficios mensuales regulares cuando se han asignado cantidades para cubrir los beneficios, pero son insuficientes para cubrirlos. El fondo de contingencia no está disponible para respaldar los beneficios regulares del año fiscal 2026, porque la asignación para beneficios regulares ya no existe”, se lee en el memorando.
Pero como señala NPR, el memorando entra en conflicto con el plan de contingencia para el cierre del 1 de octubre del USDA.
“La intención del Congreso es evidente de que las operaciones de SNAP deben continuar” durante un cierre, se lee en el plan, que desde entonces ha sido eliminado del sitio web del USDA. Los fondos de contingencia multianuales del SNAP “también están disponibles para financiar los beneficios de los participantes en caso de que se produzca un lapso a mitad del año fiscal”, afirma el plan.
En un artículo en respuesta a la referencia del USDA a los “procedimientos de mutilación de género”, la periodista Erin Reed advirtió que convertir a la atención sanitaria trans en chivo expiatorio durante el cierre del gobierno puede aumentar la probabilidad de que las políticas anti-trans se incluyan en un paquete de financiación gubernamental.
“Es casi seguro que las negociaciones en curso para reabrir el gobierno federal volverán a convertir a las personas trans en moneda de cambio”, escribe Reed. “Cuando el Congreso debata los proyectos de ley de financiación completos del año fiscal 2026, se espera que resurjan docenas de disposiciones anti-trans”.
El mensaje del USDA es sólo el último publicado en los sitios web de agencias federales que ha sido examinado por expertos en ética. A principios de este mes, Michael Fallings, socio del bufete de abogados laborales Tully Rinckey, dijo a NPR que comunicaciones similares de funcionarios gubernamentales que culpaban a los demócratas por el cierre podrían violar la Ley Hatch.
“La Ley Hatch prohíbe participar en actividades políticas mientras se desempeña un cargo oficial, incluidas las comunicaciones que contengan defensa de la oposición a un partido político”, dijo Fallings. “Aquí, si bien la referencia a los demócratas por sí sola probablemente no constituye una violación, culpar explícitamente al Partido Demócrata por el cierre y la ‘referencia a la izquierda radical’ puede constituir una violación”.
Mientras tanto, Donald Sherman, director ejecutivo y abogado principal de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo al medio que si bien dichas comunicaciones pueden no violar técnicamente la Ley Hatch porque no abogan explícitamente por un candidato específico ni influyen en una elección, violan el espíritu de la ley.
“El código de ética exige que los empleados federales sirvan al público estadounidense de manera imparcial, sin tener en cuenta sus opiniones políticas”, explicó Sherman. “Un cierre causará estrés al público independientemente de su afiliación política. El trabajo del liderazgo de la agencia en este momento es brindar un servicio no partidista a sus electores, no politizar la situación y culpar a los enemigos políticos”.
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