Doce estados están demandando al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) por obligarlos a discriminar a las personas transgénero.
El martes, los fiscales generales de Nueva York, Rhode Island, California, Colorado, Delaware, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, Vermont y Washington se unieron al fiscal general de Oregón, Dan Rayfield (D), en una demanda que cuestiona el “condicionamiento (de) cientos de miles de millones de dólares en fondos federales por parte del HHS al acuerdo de los estados para discriminar a las personas transgénero”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Oregón.
“Bajo una nueva política del HHS, los beneficiarios de fondos federales para salud, educación e investigación deben certificar el cumplimiento de una orden ejecutiva presidencial que busca negar la existencia de personas transgénero e imponer definiciones rígidas y poco científicas de sexo”, afirma el comunicado de prensa.
El 20 de enero de 2025, su primer día de regreso al cargo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168, titulada “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica al gobierno federal”. Además de declarar que Estados Unidos solo reconocería dos sexos (masculino y femenino) según el tamaño de las células reproductivas de un individuo, la orden también instruye a las agencias federales a “evaluar las condiciones de las subvenciones y las preferencias de los beneficiarios y garantizar que los fondos de las subvenciones no promuevan la (llamada) ideología de género”, entre muchas otras directivas anti-trans.
En octubre, el HHS publicó una actualización de su Declaración de política de subvenciones. La declaración de política actualizada incluía requisitos para que los beneficiarios de las subvenciones cumplan con la interpretación de la administración del Título IX que excluye la discriminación por motivos de identidad de género, y que certifiquen que cumplen con la EO 14168.
En su demanda, los 12 fiscales generales estatales describen la “EO (orden ejecutiva) de ideología de género” de Trump como un “componente crítico de la campaña en curso de la Administración dirigida a jóvenes y adultos transgénero… por discriminación”.
La denuncia afirma que los esfuerzos del HHS para implementar las directivas de la orden violan la Constitución de los EE. UU. “al anular el poder del Congreso sobre la cartera”, que la nueva política “viola la ley federal al imponer condiciones vagas y retroactivas a la financiación, y viola la Ley de Procedimiento Administrativo al imponer un cambio importante de política sin previo aviso ni explicación”, según el Departamento de Justicia de Oregón.
“La política también contradice décadas de opiniones judiciales y directrices federales establecidas que reconocen que el Título IX protege a las personas de la discriminación basada en la identidad de género” y entra en conflicto con “las leyes estatales destinadas a proteger los derechos y la dignidad de los residentes transgénero en los estados demandantes, en violación de la autoridad soberana de los demandantes”.
Además, la denuncia señala que “el HHS continúa condicionando la financiación de subvenciones federales a pesar de las órdenes de tres tribunales que la prohíben y la anulan por considerarla ilegal”.
En conjunto, los 12 estados corren el riesgo de perder más de $300 mil millones en subvenciones federales para salud, educación e investigación, según la demanda.
“Oregón ha trabajado arduamente para ampliar el acceso a las opciones médicas y garantizar que todos puedan recibir la atención que necesitan”, dijo el fiscal general de Oregón, Rayfield, en un comunicado. “Esta política utiliza dinero federal para interferir con decisiones médicas profundamente personales que pertenecen a los pacientes, las familias y sus médicos. No se debería obligar a las agencias a privar de atención médica a las personas sólo para conservar su financiación”.
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