Un tribunal de Uganda desestimó un caso contra el primer hombre del país acusado de “homosexualidad agravada” en virtud de su dura ley de 2023.
En mayo de 2023, el presidente en ejercicio, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la Homosexualidad.
El proyecto de ley mantiene la criminalización del sexo gay e introduce la pena de muerte para lo que se describe como “homosexualidad agravada”, que en el proyecto de ley se describe como tener relaciones sexuales con un menor, tener relaciones sexuales siendo VIH positivo o participar en incesto.
Después de que se aprobó el proyecto de ley, hubo protestas por parte de grupos de derechos LGBTQ+ y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, advirtiendo que los abusos contra las personas LGBTQ+ se dispararían como resultado del proyecto de ley.
En agosto de 2023, un hombre de 20 años de Soroti, en el noreste de Uganda, pasó casi un año bajo custodia tras ser acusado de homosexualidad agravada, dijo su abogado Douglas Mawadri a Reuters el martes (3 de febrero).
El hombre fue acusado de “relaciones sexuales ilícitas” con un hombre de 41 años.
Mawadri dijo que durante el proceso que duró más de dos años, los fiscales modificaron la acusación y acusaron al hombre de tener “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza”, lo que conlleva cadena perpetua según el código penal de Uganda.
Sin embargo, el lunes (2 de febrero), Mawadri dijo que “el magistrado descontinuó el caso al determinar que el acusado se encuentra enfermo mental después de una larga detención preventiva”.
El fallo, que se dictó oralmente en el tribunal, estará disponible para su lectura escrita en una fecha posterior.
Un informe de 2023 de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE) encontró que la promulgación de la Ley Anti-Homsexualidad estaba, como se predijo, poniendo en peligro a las personas LGBTQ+, pero ese peligro provenía principalmente de individuos privados y no de autoridades gubernamentales.
Desde principios del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2023, los investigadores registraron 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. De esos casos, sólo 25 fueron realizados por figuras estatales.
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