La gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, firmó una legislación que exige que los empleados de las escuelas públicas revelen información sobre los estudiantes transgénero a sus padres o tutores legales, revocando un fallo de la Corte Suprema estatal de 2024 que defendía los derechos de privacidad de los estudiantes en ciertas circunstancias.
La oficina de Ayotte anunció el 2 de julio que la legislación se había convertido en ley. Según la SB 430, los educadores deben responder a las solicitudes escritas de los padres de “información importante” sobre su hijo, incluso si un estudiante ha pedido que la información se mantenga confidencial o teme consecuencias negativas en el hogar.
Los partidarios de la legislación, como el senador estatal republicano Tim Lang, argumentan que la medida fortalece los derechos de los padres y permite a las familias apoyar mejor a los niños que puedan tener dificultades. “Si no se lo dice a los padres, estos no podrán detectar signos de autolesión”, dijo Lang a la Radio Pública de New Hampshire.
Sin embargo, los educadores y defensores de LGBTQ+ dicen que la ley coloca a los docentes en una posición imposible al obligarlos a elegir entre cumplir la ley y proteger a los estudiantes vulnerables. Megan Tuttle, presidenta de NEA-New Hampshire, el sindicato de docentes más grande del estado, dijo en un comunicado que la legislación está “vagamente redactada y corre el riesgo de poner a los educadores en una posición de sacar a la luz a un estudiante”. Añadió que las escuelas deberían seguir siendo lugares donde cada estudiante se sienta “seguro, visto y libre de ser él mismo”.
Aimee Terravechia, directora ejecutiva del grupo de defensa LGBTQ+ 603 Equality, advirtió que la ley podría erosionar la confianza entre estudiantes y educadores mientras hablaba con la Radio Pública de New Hampshire. “Las escuelas deberían ser un lugar de aprendizaje… y un lugar de autoexamen crítico”, dijo. “Colocar a los educadores en una función de seguimiento y presentación de informes elimina la confianza necesaria para un entorno académico próspero”.
La legislación también anula efectivamente una decisión de la Corte Suprema de New Hampshire de 2024, en la que los jueces dictaminaron que mantener confidencial la identidad de género de un estudiante no interfería ilegalmente con los derechos de los padres, señalando que los padres aún conservaban numerosas formas de apoyar y comunicarse con sus hijos fuera del aula.
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