El Good Law Project ha calificado de “dañino” el nuevo código de prácticas de la ministra de Igualdad del Reino Unido, Bridget Phillipson, que se aplicará a partir del 5 de agosto, y ha dicho que “excluirá y segregará a las personas trans”.
El inminente código de prácticas no es jurídicamente vinculante, pero “alienta firmemente” a las empresas, proveedores de servicios y asociaciones a ofrecer únicamente servicios diferenciados por sexo biológico, según la Ley de Igualdad de 2010.
“Va a tener un impacto devastador en la vida de las personas trans”, dijo Good Law Project en un comunicado compartido el 15 de julio.
“El código dice que ofrecer servicios diferenciados sólo según el ‘sexo biológico’ probablemente discrimine indirectamente a las personas trans”, continúa el comunicado.
“Pero en lugar de decir que las organizaciones pueden brindar servicios inclusivos para las personas trans, la guía trata a las personas trans como un tercer sexo, sugiriendo que tienen que utilizar ‘terceros’ espacios y servicios separados, en lugar de los comunes que se brindan a hombres y mujeres”.
El Good Law Project luego destacó que obligar a las personas trans a utilizar terceros espacios creará “estigma” y “corre el riesgo de dejarlas al descubierto”.
“Esto causará graves daños”
“Una mujer trans que va al pub con el resto de sus amigas tendría que explicar por qué no puede ir al baño de mujeres con ellas”, dice el comunicado. “Y los terceros servicios o espacios a menudo no están a la altura: niegan a las personas trans el acceso a servicios vitales y las expulsan de la vida pública. Esto causará graves daños”.
La organización sin fines de lucro calificó el enfoque de “exclusivo” y dijo que otros grupos también se verán afectados, como las mujeres cis, que enfrentarán una mayor vigilancia de género, y las personas discapacitadas, que tendrán menos acceso a baños accesibles si funcionan como “terceros” espacios.
La orden de inicio, que fue firmada por Phillipson, también ha sido criticada por Good Law Project.
“No hubo debate ni consulta adecuada con quienes tenían más probabilidades de verse afectados, incluidas las mujeres, las personas trans y las personas discapacitadas”, decía el comunicado.
Detalló que la única acción en la Cámara durante el “llamado” período de escrutinio de 40 días fue una moción temprana pidiendo al gobierno que rechazara la guía, que fue firmada por 166 parlamentarios, el mayor número de firmas para una moción temprana desde 2020.
Jess O’Thomson, líder de derechos trans en Good Law Project, dijo que el código de práctica es “increíblemente peligroso y probablemente cause discriminación ilegal”.
“Es abominable que, a pesar de la oposición generalizada, este gobierno haya continuado sus ataques a los derechos humanos trans”, dijo O’Thomson.
“El código no sólo es discriminatorio, sino totalmente inviable en la práctica, como muchas organizaciones han señalado repetidamente. Las directrices interpretan mal la ley, y si los proveedores de servicios la siguen sin crítica alguna, pueden estar actuando ilegalmente. Peor aún: causarán un daño inmenso y ayudarán a despojar a las personas trans de sus derechos”.
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