Fuente: Télam
El pasado lunes 9 de mayo estuvimos ante un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género. Una ley que reconoció el derecho a la identidad de todas las personas. La doctrina jurídica lo define como el derecho a “ser uno/a mismo/a y no otro/a”, un derecho esencial, la puerta de acceso a todos los demás derechos.
Enunciado así, parece muy simple. ¿Quién puede negarle a otra persona el derecho a ser quién es? Sin embargo, Argentina es uno de los pocos países del mundo que reconoce este derecho, y el único junto a Dinamarca que sólo exige la expresión de voluntad de la persona para garantizarlo.
Suecia, el país que lo reconoció hace más de 40 años, exige un diagnóstico médico y procesos administrativos que las organizaciones de ese país intentan modificar utilizando como ejemplo la ley Argentina.
Esta es una ley que se puede explicar con sofisticadas frases académicas, describiendo al sexo –sí, el sexo y no sólo el género- como una compleja lectura que hace la sociedad sobre nuestros cuerpos desde la que construye nuestros deseos, nuestros proyectos y nuestras formas de ser… o de “deber ser”.
O se puede explicar de manera más sencilla y clara. Florencia es Florencia, porque esa es su voluntad y punto. Porque algo tan íntimo como definir quien cada uno y cada una es, no lo puede definir nadie más que uno/a mismo/a.
La Ley de Identidad de Género le reconoce a cada persona el derecho de definir sus deseos, sus proyectos, su forma de ser. Sin eso, es muy difícil acceder a cualquier otro derecho. Prueba de eso es la realidad de las personas trans en nuestro país y en la región.
Hace ya varios años, todos los estudios han mostrado que las personas trans son expulsadas de sus hogares a una edad promedio de 10 años. La mayoría llega a los 40 años sin educación formal, sin experiencia laboral más que la del trabajo sexual, y con su salud profundamente deteriorada producto de un sistema educativo y de salud que las ha expulsado sistemáticamente. Un promedio de vida de 40 años es el resultado de la imposibilidad de acceder a los derechos humanos más básicos, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. Todo esto porque durante siglos se las ha querido obligar a ser quienes no son.
Y esa obligación no es simbólica, ni declarativa. La resistencia la han pagado con multas coimas, golpes, tortura y muerte durante todos estos años. Esto lo han señalado decenas de organizaciones internacionales, lo venimos denunciando las organizaciones locales… y se puede leer en los diarios de nuestro país, aun hoy de formas más o menos respetuosas.
“Vestir con ropas contrarias a su sexo” ha sido un edicto, falta o contravención en muchas provincias del país hasta que la última, Formosa, derogó el último artículo que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo en nuestro país, unos meses después de aprobada la Ley de Identidad de Género en 2012.
Ese año, dimos un gran primer paso, reconocer el derecho de cada persona a definir su propia identidad de género. Pero ese es sólo un primer paso, la piedra fundamental desde donde ahora tenemos que construir una sociedad en la que las personas trans puedan acceder a todos sus derechos.
Luego de tanta discriminación y exclusión, es imprescindible que el Estado desarrolle fuertes políticas públicas para reparar todos esos años de violencia institucional y garantizar el real acceso a los derechos humanos para la comunidad trans.
Es por eso que hoy hemos presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Integral Trans, con propuestasde políticas públicas de empleo, salud, educación, vivienda y justicia que promuevan el acceso a todos los derechos con medidas proactivas que deconstruyan los obstáculos que construye la discriminación y la violencia.
Porque sólo una sociedad que trabaja para garantizar el pleno acceso a los derechos humanos de todos y todas sus integrantes, puede soñar con ser una sociedad segura, libre y justa.
Texto de María Rachid. Secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT
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