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El triunfo de Urtubey y la homofobia en Salta

Salta – (SentidoG.com)

La homofobia institucional, acompañada de la represión y abuso policial a las minorías sexuales, tienen asegurada su continuidad con la reelección de Urtubey.

La reelección de Urtubey marca la continuidad de la homofobia

 

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, logró su reelección con más del 50% de los votos en los comicios realizados en esta provincia norteña. De esta manera logra un holgado triunfo que lo coloca por cuatro años más en la Gobernación de Salta.

Al pronunciar su discurso proclamándose ganador, Urtubey sostuvo que “queremos que Salta la linda sea Salta la Justa” y señaló que el apoyo a su reelección estuvo basado en “los más humildes”.

Urtubey hizo campaña contra el matrimonio igualitario y se niega a aceptar la derogación de las cláusulas discriminatorias, represivas y abiertamente anticonstitucionales y pre-democráticas del Código de Faltas de la provincia, que permiten a la policía perseguir, extorsionar y criminalizar a gays y lesbianas, y sobre todo a la población travesti y transexual.

La represión, la discriminación, el encarcelamiento, las torturas y hasta el asesinato de personas por su orientación sexual y/o identidad de género son una política de Estado en Salta, continuada por los sucesivos gobiernos de Juan Carlos Romero (ex menemista, hoy en el Peronismo Federal) y Juan Manuel Urtubey (ex menemista, hoy en el Frente para la Victoria), ambos vinculados a la jerarquía de la Iglesia católica. Política tan de Estado que el aún más homofóbico diputado Alfredo Olmedo, que aspiraba a sucederlos seguramente profundizaría, si tenemos en cuenta sus constantes declaraciones a la prensa, en las que se enorgullece de su ignorancia y su su odio contra gays y lesbianas. Olmedo fue denunciado por discriminación, cuando en pleno debate por el matrimonio igualitario, expresó públicamente su rechazo con la frase: “Tengo la mente cerrada y la cola también”.

Hace menos de un mes, la organización ADISTAR, de Tartagal, denunciaba que la policía provincial arremetía contra la comunidad LGBT salteña.

La Asociacion de Travestis, Transexuales y Transgeneros de Argentina (ATTTA) y el grupo Transparencia Salteña vienen protestando desde hace meses por el recrudecimiento de la represión policial en la provincia. Estas organizaciones denunciaron en una carta abierta que el jefe de la Unidad Regional 1 de la provincia había establecido un programa de razzias con ayuda de efectivos de distintas comisarías, con el objetivo de “erradicar” a las personas trans y trabajadoras sexuales. A veces les aplican el Código y otras veces las detienen por averiguación de antecedentes.

En Salta, el Código de Faltas castiga la prostitución y las travestis, condenadas a prostituirse por la discriminación laboral y la falta de oportunidades, son el blanco preferido de la policía. El gobernador Urtubey recibió hace meses una carta del ministro Aníbal Fernandez que lo instaba a promover la reforma de esa legislación inconstitucional, pero decidió no hacerle caso.

“Muchas travestis se van de la provincia porque en Salta nos golpean, nos encarcelan, nos extorsionan, nos sobornan y no sólo nos sacan dinero sino que nos obligan a canjear nuestra libertad por servicios sexuales gratuitos “, había declarado a la prensa dos años atrás una joven dirigente de las travestis salteñas, Pelusa Liendro, quien poco después fue encontrada apuñalada en su auto, en noviembre de 2006. El asesinato de Pelusa fue oficialmente esclarecido por la policía como un supuesto crimen pasional, pero en la provincia todavía existen dudas al respecto y no son pocos los que señalan que hubo “zona liberada” para el crimen, ya que esta una joven de 23 años molestaba con sus denuncias a la “mafia policial”. Años atrás, en 2001, había aparecido ahorcada otras travesti, Tatiana, odiada por la policía porque se resistía a las detenciones.

Recordemos, además, que Urtubey instauró – desde el año 2008 – la educación religiosa de culto católico en forma obligatoria en las escuelas públicas salteñas. El proyecto de ley enviado a la legislatura establecía como uno de los objetivos de la educación primaria “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.

Cabe señalar que la enseñanza religiosa en las escuelas supone una situación de violencia cultural ya que expone a los niños que no comparten ciertas creencias religiosas o no profesan religión alguna a una situación de diferencia y exclusión.

Detenciones arbitrarias, persecusión policial, golpes y torturas en comisarías, personas viviendo con miedo, funcionarios vinculados a la dictadura y catecismo en las escuelas públicas. Algo está pasando en Salta y el pasado parece estar a la vuelta de la esquina. ¿Hasta cuando Urtubey?

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