Activistas y grupos de derechos humanos están llevando al gobierno de Uganda ante los tribunales por su draconiana Ley contra la Homosexualidad, que ha provocado horror e indignación en todo el mundo.
La Ley Antihomosexualidad, promulgada por el presidente Yoweri Museveni en mayo, restringe aún más los derechos LGBTQ+ en Uganda e impone la pena de muerte para los llamados actos “agravados” entre personas del mismo sexo. Además, cualquier persona que haya participado en actos homosexuales podría enfrentarse a cadena perpetua.
La legislación ha dado lugar a varios arrestos de personas queer y desató una ola de abusos y violencia contra las personas LGBTQ+ en el país africano.
Aunque Uganda ya era una de varias naciones africanas donde es ilegal ser queer y ya había promulgado una Ley Anti-Homosexualidad en 2014, la revisión de este año ha puesto en peligro a las personas LGBTQ+ como nunca antes.
Este agosto, un hombre de 20 años se convirtió en la primera persona acusada de “homosexualidad agravada” en virtud de la nueva ley, por haber “realizado relaciones sexuales ilícitas” con un hombre de 41 años.
Aunque la pena capital nunca fue abolida oficialmente en Uganda, el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2005.
Ahora, grupos de derechos LGBTQ+ se están uniendo para impugnar la abominable ley y conseguir su anulación, argumentando que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.
Los acusados, entre ellos el fiscal general de Uganda y un pastor cristiano, responden que la nueva ley simplemente refleja los valores de las actitudes religiosas conservadoras del país.
Las audiencias judiciales comenzaron el lunes (18 de diciembre), en las que un panel de cinco jueces recibió presentaciones escritas tanto de los fiscales como de los acusados.
Al momento de escribir este artículo, no se ha fijado ninguna fecha para el fallo.
Entre los peticionarios que piden la anulación de la ley se encuentran profesores de la Universidad Makere de Kampala y legisladores del partido Movimiento de Resistencia Nacional.
En su argumento alegan que no hubo suficiente consulta pública en el proceso de promulgación de la Ley Antihomosexualidad.
En declaraciones a los periodistas después de la sesión del tribunal del lunes, Nicholas Opiyo, abogado de la acusación, dijo: “Esperamos que el tribunal aproveche la oportunidad para abordar la cuestión en la sala: si la constitución de Uganda protege a cada miembro de nuestra sociedad, independientemente de su orientación sexual”.
Opiyo añadió, según Reuters, que este caso judicial era de “importancia nacional” y que sus clientes esperan un fallo antes de fin de año.
“Nuestra evidencia incluye muchos testimonios escalofriantes de víctimas de esta ley que muestran cómo ha afectado sus vidas”.
El mes pasado, el activista Henry Mukiibi dijo a SentidoG que, como resultado de la Ley contra la Homsexualidad, la situación en Uganda es peor que nunca.
Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ Children of the Sun Foundation (COSF), dice que la gente se ha vuelto “tan homofóbica” que han “comenzado a atacar” a los miembros del comité de COSF “por quienes son”.
La ley ha provocado indignación mundial y ha llevado a Estados Unidos a imponer restricciones de visa a funcionarios ugandeses y al Banco Mundial para detener todos los nuevos préstamos a Uganda.
Sin embargo, el gobierno de Uganda se ha mantenido firme y se ha comprometido a no doblegarse ante la llamada “agenda LGBT”.
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