Los legisladores de Nueva Jersey están comenzando a codificar una orden ejecutiva emitida por el gobernador Phil Murphy (D) que permite la certificación de empresas propiedad de LGBTQ+. Abriría oportunidades de financiación y contratos estatales reservados para empresas de propiedad minoritaria.
Los partidarios dicen que el proyecto de ley bipartidista evitaría que futuros gobernadores eliminen la certificación y también le daría a la certificación el poder de la ley estatal. También ayudaría a empresas propiedad de mujeres, personas de color y veteranos.
“La gente ha estado esperando, no sólo a ser reconocida por el estado en el que pagan impuestos, contratan empleados y brindan servicios y recursos, sino que ahora quieren asegurarse de que esto no desaparezca pronto. Como todos sabemos, las órdenes ejecutivas se pueden retirar”, dijo a los legisladores Gus Peñaranda, de la Cámara de Comercio Pride de Nueva Jersey.
Dijo que la membresía de su organización se había cuadriplicado desde que Murphy emitió la orden ejecutiva.
Las empresas tendrían que ser propiedad total o mayoritaria de una persona LGBTQ+ para calificar para el estatus.
Todos los testimonios fueron a favor del proyecto de ley; algunos republicanos respondieron con preguntas, pero no con la hostilidad general hacia las personas LGBTQ+ que está generando el Partido Republicano últimamente.
“¿Cómo se puede probar esto en un tribunal de apelaciones donde están siendo impugnados? Puedes acreditar que eres mujer con un acta de nacimiento. Puedes demostrar que eres un veterano con los documentos de baja. Puede demostrar que es una pequeña empresa con estados financieros”, dijo el asambleísta estatal Brian Bergen (R). “Nunca quisiera que alguien que es LGBTQIA tuviera que soportar este tipo de escrutinio, simplemente basado en que alguien piense que no eres gay… eso está mal”.
Los partidarios respondieron que la capacidad de impugnar la certificación surgió de la necesidad de evitar que los propietarios de empresas intentaran reclamar los beneficios de manera fraudulenta. Se pueden presentar impugnaciones a las otras certificaciones.
El proyecto de ley fue aprobado por el comité de comercio de la Asamblea con una votación de 9 a 2. La versión del Senado estatal fue aprobada por unanimidad mediante votación del comité. Ahora pasa a ser aprobado definitivamente por la sala en pleno.
