La Corte Suprema de Estados Unidos, liderada por los conservadores, parece dispuesta a fallar en contra de la prohibición de la terapia de conversión en Colorado.
La ley de Colorado de 2019 establece que los terapeutas autorizados por el estado no pueden “eliminar o reducir” la atracción por personas del mismo sexo ni cambiar los “comportamientos o la expresión de género” de una persona, y cada infracción se castiga con una multa de hasta 5.000 dólares y una posible pérdida de la licencia. La ley agrega que los terapeutas pueden brindar “aceptación, apoyo y comprensión”.
El caso Chiles vs Salazar determinará la legalidad de leyes estatales y federales que prohíben a los profesionales médicos someter a personas menores de 18 años a prácticas que supuestamente pueden cambiar su sexualidad o identidad de género.
El caso fue llevado a la Corte Suprema en marzo después de que la consejera cristiana de salud mental Kaley Chiles, respaldada por la administración del presidente Donald Trump en la disputa y representada por Alliance Defending Freedom, demandara al estado de Colorado por la ley protectora, alegando que violaba su derecho a la libertad de expresión. Chiles ha dicho que “cree que las personas prosperan cuando viven coherentemente con el diseño de Dios, incluido su sexo biológico”.
El martes (7 de octubre), la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces conservadores tienen una mayoría de 6 a 3, parecía dispuesta a fallar en contra de la ley protectora de Colorado.
Como informó Reuters, los jueces conservadores expresaron simpatía hacia Chiles, pero los jueces liberales se mantuvieron firmes al argumentar que Colorado tiene el deber de prohibir una práctica de atención médica que considera “insegura” e “ineficaz”.
La procuradora general de Colorado, Shannon Stevenson, quien destacó que la práctica “no tiene antecedentes de éxito”, dijo a los jueces que la ley regula la conducta, no el discurso, argumentando que el poder de regular la seguridad en la atención médica no debería cambiarse “sólo porque están usando palabras”.
El presidente del Tribunal Supremo conservador, John Roberts, respondió afirmando: “El hecho de que estén involucrados en una conducta no significa que sus palabras no estén protegidas”.
El juez conservador Samuel Alito también pareció ponerse del lado de la afirmación de Chiles y le dijo a Stevenson: “Me parece que su estatuto dicta resultados opuestos en esas dos situaciones. Parece una flagrante discriminación de puntos de vista”.
James Campbell, abogado de Chiles, dijo a los jueces que la ley prohíbe a consejeros como Chiles “ayudar a menores a perseguir objetivos desfavorables para el Estado en cuestiones de género y sexualidad”.
“Esta ley prohíbe profilácticamente las conversaciones voluntarias, censurando puntos de vista ampliamente difundidos sobre cuestiones morales, religiosas y científicas debatidas”, añadió Campbell.
Las prácticas de conversión pueden implicar una modificación traumática de la conducta y una terapia de aversión basada en la creencia obsoleta de que las personas LGBTQ+ pueden “curarse”. Quienes son sometidos a ellos suelen desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad e ideas suicidas.
Se espera que el fallo de la Corte Suprema esté previsto para finales de junio de 2026.
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