La Corte Constitucional de la República Dominicana recientemente anuló disposiciones que penalizaban la conducta consensual entre personas del mismo sexo por parte de agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del país.
Anteriormente, los códigos de justicia de las dos fuerzas de seguridad castigaban la “sodomía” entre personas del mismo sexo por parte de agentes con hasta dos años de prisión. No existían penas equivalentes para los actos sexuales heterosexuales.
El tribunal dictaminó que esas referencias a la sodomía “no están de acuerdo con la Constitución” y ordenó su eliminación.
El tribunal enfatizó que la criminalización de la conducta entre personas del mismo sexo en las fuerzas de seguridad carecía de “un interés constitucional legítimo o de objetivos para fortalecer y mejorar la eficiencia institucional”.
“Ninguna regulación emitida por autoridades estatales o particulares podrá disminuir o restringir de cualquier forma los derechos de una persona con base en su orientación sexual, aspecto esencial de la privacidad personal y el libre desarrollo de la personalidad”, dijo el tribunal en una rotunda afirmación de los derechos y libertades personales de las personas LGBTQ+ en República Dominicana.
“Durante décadas, estas disposiciones obligaron a los agentes LGBT a vivir con miedo a ser castigados simplemente por ser quienes son”, dijo Cristian González Cabrera, investigador principal de Human Rights Watch, que presentó un escrito amicus curiae en el caso el año pasado.
“Este fallo es una afirmación rotunda de que un futuro más inclusivo es posible y requerido según la legislación dominicana”, añadió Cabrera.
La Campaña de Derechos Humanos (HRC) calificó el fallo, hecho público el martes, como “una victoria histórica para la igualdad, que pone fin a un régimen de discriminación sancionado por el Estado que violaba los derechos humanos de los agentes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero”.
“Este resultado positivo representa el primer caso de aplicabilidad general que promueve la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI en la República Dominicana”, dijo Anderson Javiel Dirocie De León, uno de los abogados que presentó la impugnación legal contra la política. “Aún queda un largo camino por recorrer, pero sienta un precedente histórico en la lucha contra la discriminación por orientación sexual”.
La República Dominicana va a la zaga de otras naciones insulares del Caribe en la cuestión de los derechos LGBTQ+. El país no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo, carece de protecciones contra la discriminación, ha prohibido la adopción por parte de parejas homosexuales y no reconoce a los ciudadanos no binarios. Sin embargo, no existen leyes de censura LGBTQ+ en el país, y la atención que afirma el género sigue siendo legal allí.
En la región del Caribe, cinco países anglófonos (Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) todavía tienen leyes que criminalizan la conducta consensual entre personas del mismo sexo, una reliquia del colonialismo británico. Leyes similares también están muy extendidas en África.
“El presidente Luis Abinader y el Congreso deberían aprovechar el impulso de este fallo histórico para promover protecciones para las personas LGBT, que se debían desde hace mucho tiempo”, dijo González del HRC. “Al avanzar con leyes que abordan la discriminación y la violencia, la República Dominicana puede alinearse con el progreso en América Latina y demostrar un compromiso genuino con la igualdad y la dignidad para todos”.
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