Menos de una semana después de que la Universidad de Arkansas anunciara que Emily Suski sería la nueva decana de su facultad de derecho, la universidad retiró su oferta de trabajo porque los legisladores de derecha se quejaron de que Suski una vez firmó un escrito amicus judicial en apoyo a los atletas transgénero.
El miércoles, la facultad de derecho dijo en un comunicado que había “decidido tomar una dirección diferente para cubrir la vacante” en lugar de seguir adelante con la contratación de Suski. La declaración no explicaba el razonamiento de la universidad, pero en una publicación de Facebook del 14 de enero, la representante estatal demócrata Nicole Clowney explicó que Suski fue uno de los 17 académicos que firmaron un escrito amicus judicial en una demanda que impugnaba una prohibición de deportes anti-trans.
“La firma alertó a los funcionarios electos de Arkansas que el profesor Suski puede compartir puntos de vista políticos diferentes a los de este tema en particular”, escribió Clowney. “Eso… fue suficiente para que varios funcionarios electos estatales amenazaran con reducir sustancialmente la financiación en la próxima sesión fiscal”.
Clowney escribió que los legisladores “tristemente” han hecho “amenazas veladas y comentarios a puerta cerrada sobre las inclinaciones políticas de los profesores y el personal de la Universidad de Arkansas… Pero los funcionarios estatales electos que amenazan con retener fondos para toda la escuela basándose en las creencias políticas del decano recién contratado es un nuevo y aterrador nivel bajo”.
El presidente pro tempore del Senado estatal, Bart Hester (R), dijo a KATV que se comunicó personalmente con los líderes universitarios para dejar “muy claro… cuánto desaprobaba la contratación (de Suski)”.
“Estamos de acuerdo en la diversidad de pensamiento y educación; totalmente de acuerdo con eso”, dijo Hester a la estación de noticias. “Pero se trataba de una decana potencial que no estaba de acuerdo con los fundamentos mismos de la sociedad. No entendía lo que era una mujer. No entendía lo importante que era proteger a las mujeres en los deportes”.
A través de un portavoz, el fiscal general del estado, Tim Griffin, expresó su consternación por la selección de Suski y aplaudió la oferta de trabajo retirada de la universidad, argumentando que “se podrían haber identificado muchos más candidatos calificados”. De manera similar, una portavoz de la gobernadora Sarah Huckabee Sanders (R) dijo que elogió la decisión de la universidad por ser “en el mejor interés de los estudiantes”.
En una declaración, Holly Dickson, directora ejecutiva del capítulo de Arkansas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), escribió: “después de una búsqueda nacional de dos años (la universidad retiró su oferta a Suski), no porque no estuviera calificada, sino porque ejerció sus derechos de la Primera Enmienda en un tribunal de justicia. Eso no sólo está mal. Es inconstitucional”.
“Si los funcionarios estatales pueden amenazar con recortar la financiación porque no les gusta el análisis jurídico de un profesor, entonces ningún empleado público en Arkansas está seguro de hablar libremente. Según esta lógica, cualquier trabajador público podría ser castigado por expresar una creencia a menos que primero haya sido aprobada por los políticos. Eso no es gobernancia, es control ideológico”, añadió Dickson.
“Esta acción es una represalia, punto. Y es imposible creer que este resultado hubiera ocurrido si el profesor Suski hubiera firmado un escrito sobre el otro lado de la cuestión”, continuó Dickson.
“Las implicaciones son asombrosas”, escribió. “Esto envía un mensaje escalofriante a todos los miembros de la facultad: permanezcan en silencio o arriesguen su carrera. Les dice a los futuros educadores que busquen en otra parte. Daña la credibilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arkansas y su capacidad para funcionar como una institución seria comprometida con el pensamiento independiente y la educación jurídica rigurosa”.
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