Durante décadas, las personas transgénero negras han sido contabilizadas sin ser consideradas. Los investigadores publican informes “innovadores”. Los legisladores citan estadísticas en las audiencias. Las organizaciones nacionales LGBTQ+ publican amplias encuestas que consideran las “más grandes jamás realizadas”. Y, sin embargo, las realidades vividas por las personas trans negras y morenas siguen siendo notas a pie de página. O peor aún, borrado por completo.
Los datos se han utilizado como arma contra las comunidades marginadas durante generaciones. Los números se han utilizado para criminalizar, patologizar y distorsionar. Las estadísticas son despojadas de contexto y transformadas en narrativas de disfunción en lugar de evidencia de negligencia sistémica. Cuando los informes no logran captar el panorama completo, resulta fácil para los opositores descartar el sufrimiento como una exageración y fácil para las instituciones subfinanciar soluciones reales.
Hay una razón por la que los datos nunca parecen completos: las personas más afectadas rara vez están en el centro del diseño de la pregunta.
Las comunidades trans negras saben cómo se siente la inestabilidad inmobiliaria ante el tribunal de desalojo. Saben cómo es la discriminación en la atención sanitaria antes de que se convierta en un titular viral. Entienden cómo opera la violencia mucho antes de que desemboque en asesinato. Y, sin embargo, la mayoría de los conjuntos de datos nacionales captan sólo las consecuencias: la muerte, el arresto, la crisis. Rara vez examinan las condiciones que llevaron allí.
La fallecida activista trans Marsha P. Johnson sentó las bases del dicho que sigue el Instituto Marsha P. Johnson (MPJI): la supervivencia es política. Pero para Marsha, la supervivencia nunca fue una cuestión de resistencia silenciosa. Se trataba de la audacia de existir más allá de las cajas que la sociedad intentaba imponer a su alrededor.
Cuando dijo: “No le hagas caso”, no estaba descartando la pregunta, sino rechazando su premisa. Se negó a encogerse para adaptarse a la imaginación limitada de otra persona. Ella rechazó la categorización que borraba su complejidad.
Ese rechazo es nuestro fundamento. Y ese mismo rechazo debe extenderse a la forma en que se documentan las vidas trans de personas de raza negra y de color. Los datos no pueden reducirse a generalidades que no capturen la experiencia vivida sólo para facilitar a las instituciones la asimilación de números y estadísticas.
Es por eso que MPJI ha lanzado una Encuesta nacional de evaluación de las necesidades de la comunidad.
El objetivo es recopilar datos abiertos e impulsados por la comunidad que reflejen las condiciones reales por las que atraviesan las personas trans negras y de color en materia de vivienda, atención médica, empleo, seguridad y estabilidad económica. Hay datos federales y estatales limitados que desglosan significativamente la raza y la identidad de género. Cuando las disparidades no están claramente documentadas, es más fácil ignorarlas. Cuando las necesidades no se cuantifican, es más fácil restarles prioridad.
Esta evaluación guiará la próxima fase de trabajo del MPJI, desde el desarrollo de programas hasta la promoción de políticas y la asignación de recursos a nivel nacional. Identificará deficiencias en los servicios, fortalecerá las estrategias de financiación y garantizará que el apoyo se base en realidades documentadas y no en suposiciones. En un momento en que las políticas antitrans avanzan con coordinación y precisión, la incidencia debe operar con la misma disciplina.
Las comunidades trans negras y marrones merecen más que visibilidad. Merecen una infraestructura informada por la verdad.
La Encuesta de Evaluación de Necesidades de la Comunidad está abierta. El futuro dependerá de lo que esté documentado ahora.
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