La agenda anti-trans de la administración Trump sufrió un duro golpe el jueves (19 de marzo), cuando un juez federal en Oregón dictaminó que el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr (RFK Jr), se extralimitó en su autoridad legal en lo que respecta a sus declaraciones anteriores sobre la atención sanitaria trans.
En diciembre de 2025, su departamento emitió una declaración de 12 páginas en la que afirmaba que “los procedimientos de rechazo sexual para niños y adolescentes no son seguros ni eficaces como modalidad de tratamiento para la disforia de género, la incongruencia de género u otros trastornos relacionados en menores”.
Según informó el New York Times, el juez dictaminó que RFK Jr se extralimitó en su autoridad legal cuando declaró como parte de esa declaración que los proveedores de tratamientos médicos de transición de género para menores “no cumplen con estándares profesionalmente reconocidos”.
Esto, a su vez, proporciona cierto alivio a los hospitales y profesionales de la salud que brindan atención de afirmación de género. Tras la declaración del Secretario de Salud en diciembre, su departamento indicó que planeaban investigar organizaciones que continuaban proporcionando medicamentos a menores para transiciones de género, y que también les prohibirían potencialmente recibir fondos federales de Medicare y Medicaid.
Esto sigue el patrón más amplio de proyectos de ley y acciones anti-LGBTQ+ que se han tomado desde la toma de posesión de Trump. Desde que asumió como el 47º presidente de los Estados Unidos, Trump ha promulgado una serie de órdenes ejecutivas anti-LGBTQ+, muchas de las cuales apuntan específicamente a la comunidad trans.
Entre las órdenes, Trump ha declarado que la política oficial de Estados Unidos es que hay “sólo dos sexos”, prohibió a las personas trans servir en el ejército y restringió la atención médica de afirmación de género para las personas trans menores de 19 años, además de eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todo el gobierno y en las fuerzas armadas.
El reciente fallo sobre la atención médica trans se produce después de que 21 estados presentaran una demanda por la declaración de 12 páginas, alegando que la declaración interfería con el poder de los estados individuales y que el gobierno federal había intentado establecer unilateralmente un estándar médico nacional, violando la Ley de Procedimiento Administrativo.
En respuesta, los abogados del gobierno federal argumentaron que la declaración de RFK Jr era “no vinculante” y se parecía más a un artículo de opinión en una publicación: “El secretario Kennedy, como cualquier otra persona, tiene derecho a articular su opinión sobre la seguridad y eficacia de prácticas médicas emergentes y controvertidas”, escribieron los abogados en documentos judiciales.
Después de una audiencia de seis horas sobre el caso, el juez Mustafa Kasubhai afirmó que RFK hijo no había seguido los procedimientos normales antes de publicar su declaración y también condenó las tácticas antidemocráticas de la administración.
“La noción de ‘seguiré adelante y emitiré una declaración y veré si podemos salirnos con la nuestra’ no es un principio de gobernanza que se adhiera al compromiso general con una república democrática que requiere que el estado de derecho sea considerado, respetado y honrado como algo sagrado”, dijo el juez.
Los expertos legales dijeron que era probable que se apelara la decisión, pero que mientras tanto ofrecerá un respiro muy necesario a los jóvenes trans, a sus padres y a sus equipos médicos.
