Missouri ha promulgado una nueva ley que restringe el acceso a la atención médica que afirma el género para las personas transgénero encarceladas, lo que marca un cambio significativo en la forma en que el Departamento Correccional del estado puede brindar tratamiento médico y, como resultado, obliga a sus reclusos transgénero a realizar la detransición.
La HB 2009, promulgada el 30 de junio por el gobernador Mike Kehoe, prohíbe el uso de fondos estatales para terapia hormonal y cirugías de afirmación de género destinadas a la transición de género.
La medida se produce después de años de cambios legales y de políticas en torno a la atención médica para personas transgénero en las prisiones de Missouri. En 2018, un fallo de un tribunal federal en Hicklin v. Precythe determinó que la denegación general de la terapia hormonal violaba la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda, estableciendo un requisito de atención médica individualizada en algunos casos. Sin embargo, el fallo no se extendió a las cirugías de afirmación de género, que Missouri luego restringió mediante una legislación separada en 2023.
Como informó Transitics a través de Substack, la nueva disposición se agregó a un proyecto de ley de financiación correccional más amplio y fue patrocinada por el representante estatal Dirk Deaton. Durante el debate en la Cámara de Representantes, Deaton citó las cambiantes condiciones legales y políticas en torno a la atención médica para personas transgénero y argumentó que los legisladores deberían determinar cómo se utilizan los fondos estatales para el tratamiento médico en entornos correccionales.
“Porque recuerden… estas son personas que han sido declaradas culpables de un delito. Han sido condenadas por un delito. Han sido sentenciadas a prisión. Son encarceladas con el dinero del contribuyente, por su alojamiento y comida y también por su atención médica, pagada al 100% por el contribuyente. Y lo que es una atención médica adecuada en esas circunstancias, de eso es de lo que habla”, dijo Deaton mientras hablaba en la Cámara de Representantes en marzo.
Según esta nueva ley, el Departamento Correccional debe suspender los tratamientos relacionados con la transición de género financiados por el estado, lo que afecta a las personas encarceladas que actualmente reciben terapia hormonal, así como a aquellas que buscan comenzar el tratamiento mientras están bajo custodia.
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