Un tribunal dirigido por los hutíes en Yemen condenó a 13 personas a la ejecución por cargos relacionados con la homosexualidad, confirmó un tribunal judicial esta semana.
El movimiento hutí, conocido oficialmente como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen durante la década de 1990. Los militantes hutíes controlan vastas zonas del país, y los recientes ataques del grupo al transporte marítimo del Mar Rojo han provocado represalias tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.
Las condenas a muerte se dictaron en Ibb, zona controlada por los rebeldes hutíes. Según informa la AFP, citando una fuente anónima, otras tres personas fueron encarceladas por cargos similares y otras 35 personas fueron detenidas en la provincia, también por presuntos delitos relacionados con la homosexualidad.
Las conclusiones del tribunal están abiertas a apelación y no está claro cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones públicas, pero, según un informe del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos de 2022, los hutíes han condenado a muerte a 350 personas. – 11 de los cuales han sido ejecutados – desde que tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014.
“Los hutíes están intensificando sus abusos en casa mientras el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo”, dijo a la AFP Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch.
“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.
Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual. En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.
En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.
Además, el “acuerdo mahram” de los hutíes sigue prohibiendo a las mujeres viajar sin un tutor masculino o prueba escrita de su consentimiento. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas.