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Supremo de Puerto Rico ratifica fallo en contra de la adopción de una pareja de mujeres

Fuentes: El Nuevo Día; Metro

Las mujeres lesbianas a las que se les negó el derecho de adoptar como pareja a la hija de una de ellas, el día de la sentencia definitiva.

Las mujeres lesbianas a las que se les negó el derecho de adoptar como pareja a la hija de una de ellas, el día de la sentencia definitiva.

 

(San Juan) Tras casi un mes de espera, esta semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó el recurso de reconsideración radicado por una mujer para que se le permita adoptar a la hija biológica de su pareja.

De esta manera, se sostiene la decisión que emitió el tribunal el pasado 19 de febrero, con votación 5 a 4, de denegarle a Ángeles Acosta adoptar a la hija biológica de 12 años de la mujer que ha sido su pareja por más de dos décadas, Carmen Milagros Vélez, quien tuvo a la niña tras una inseminación in vitro.

En su moción informativa ante el tribunal, la procuradora general Margarita Mercado Echevaray planteó que la política pública del gobierno cambió para favorecer la adopción por parte de parejas del mismo sexo y recomendó considerar la postura del presidente estadounidense Barack Obama a favor de la equidad.

El juez Martínez Torres hizo constar, en una expresión a la que se le unió su par Feliberti Cintrón, “que el Estado habrá cambiado de parecer, pero la ley no. En vez de gastar tinta y tiempo en tratar de convencernos de que la Constitución dice lo que no dice, sería prudente y más provechoso para su nueva postura que el Estado dirigiera sus esfuerzos a enmendar la ley”.

No obstante, la jueza Fiol Matta defendió el proceder de la procuradora general, criticada por la mayoría del cuerpo: “Tampoco debe perderse de vista que el deber de la procuradora general es defender la Constitución de Puerto Rico por encima de cualquier ley del país que la contravenga, y eso es lo que intenta esta funcionaria con su escrito ante este Tribunal”.

Cabe destacar que el máximo foro judicial del país emitió su dictamen sin permitir la comparecencia de varios grupos, como amigos de la corte, ni la del Estado a través de la procuradora general, aduciendo que la petición no se hizo dentro del término jurisdiccional de diez días laborables que provee la Regla 45 del reglamento del tribunal.

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